Cristina Gómez y María del Pilar Barceló
ATTAC Mallorca
ATTAC Mallorca
A menudo cuando se habla de servicios públicos la gente piensa en los
más básicos, como salud y educación, y olvida un servicio que, si bien
no utilizan necesariamente todos los ciudadanos, no tiene alternativa
cuando se suscitan determinados conflictos: la Administración de
Justicia. Un divorcio, unas medidas sobre custodia de menores,
propietarios morosos que no pagan las cuotas de la comunidad de
propietarios, accidentes de tráfico, reclamación de indemnizaciones a
aseguradoras, trabajadores despedidos, impagos de salarios, robos o
daños… ¿Quién no ha tenido que recurrir alguna vez a la Justicia, o
quién no tiene algún familiar o amigo que lo haya hecho?
Esta falta de conciencia de la Justicia como servicio público es la
que está permitiendo que el Gobierno introduzca feroces recortes sin
oposición ciudadana, aunque sí y muy firme desde los ámbitos jurídicos
(jueces, abogados…) que con unanimidad han manifestado su repulsa frente
a reformas que de hecho impedirán el acceso de muchos ciudadanos a este
servicio.
Así el BOE de 21 de noviembre publica la Ley de tasas, por la cual la
Justicia no sólo deja de ser gratuita para las personas físicas, sino
que además por la cuantía de las tasas establecidas se convertirá de
hecho en un servicio inaccesible.
Si bien es cierto que con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, se
recuperaron las tasas, hasta ahora sólo se aplicaban en los órdenes
civil y contencioso – administrativo a empresas cuyos negocios superasen
los ocho millones de euros (básicamente entidades financieras y
aseguradoras).
Ahora las tasas se extienden a todas las personas físicas que no
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (para lo
cual es preciso tener ingresos inferiores a 14.910 euros anuales
computando los de toda la unidad familiar) y además se aumenta su
importe desproporcionadamente......
No hay comentarios:
Publicar un comentario