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El Gobierno del PP prepara una reforma profunda y regresiva del
sistema público de pensiones. El efecto de las medidas fundamentales
propuestas en el Informe de ‘su’ comité de expertos es una rebaja
drástica, inmediata y generalizada de las pensiones públicas.
El pretexto utilizado es el su ‘insostenibilidad’, cosa que como
veremos es falsa. La solución del Informe es la reducción del gasto
social previsto en pensiones públicas con un recorte sustancial de los
derechos adquiridos de trabajadores y pensionistas. La consecuencia
sería menor distribución pública de la renta global con mayor
empobrecimiento, inseguridad y desigualdad para la mayoría de la
sociedad: pensionistas presentes y futuros. Sí existen algunos
desequilibrios entre los ingresos y los gastos, pero al contrario que la
opinión del Informe, son resolubles por el incremento de los recursos a
medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos y, si es
preciso, transferencias presupuestarias puntuales. Y a corto plazo se
puede utilizar el fondo de reserva.
La propuesta de reforma es insolidaria y no tiene base objetiva
Su justificación es la actual política neoliberal de austeridad, sin
impulso a la creación de empleo, con la apuesta por la disminución de
costes laborales y la referencia principal del pago de la deuda a los
acreedores financieros, consolidada en la reforma constitucional. Por
ello, deja al margen y no es capaz de contemplar la alternativa de
incrementar los ingresos del sistema para garantizar la suficiencia
financiera del sistema público de pensiones. Pero ello es una opción
política unilateral en beneficio del poder económico y financiero y
frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y
pensionistas. Por tanto, es una opción que por su trascendencia e
impacto debe ser sometida a debate público y decisión democrática.....
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