Manuel García Biel
Nueva Tribuna
Desde la recuperación de la
democracia ha sido como un "mantra" repetido por varios gobiernos, tanto
del PSOE como del PP, la necesidad de acabar con el monopolio existente
del Estado, en diversos sectores estratégicos como el energético, la
telefonía, etc. así como acabar con la presencia pública en otros
sectores como el bancario. Todo ello mediante una política de
desregulación y / o privatización.
Esta política se ha intensificado cada vez más, y ahora el PP incluye
en esta necesidad privatizar los servicios públicos esenciales como la
sanidad, la educación e incluso el sistema de pensiones, los servicios
sociales, o el sistema ferroviario o la distribución del agua de boca en
ciudades y pueblos. Todo es susceptible de privatización en base a la
falacia de que la gestión privada es más eficiente y de que la
competencia beneficia al usuario.
Ya es hora, como hizo hace poco, el dirigente de IU, Cayo Lara de
plantear a donde nos han conducido estas políticas que llevan al
enriquecimiento de las compañías privadas y a un mayor coste para la
ciudadanía.
Hoy nuestro país es un conglomerado de oligopolios de grandes
empresas que dominan los principales sectores estratégicos productivos
del estado en exclusivo beneficio propio. Ello no ha supuesto en
absoluto una mejora del servicio a la ciudadanía ni en calidad ni en
coste. Al mismo tiempo vemos como el estado dedica a compensar estos
sectores oligopólicos mediante gastos millonarios, en caso de supuestas
pérdidas.
Nos encontramos un país dominado por una política basada en
socializar las pérdidas, incluso las supuestas, de las grandes empresas y
oligopolios, mientras los beneficios son siempre privados.....
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