Con su comunicación del octubre 2006: “Europa Global: compitiendo en el Mundo”, la Comisión Europea (CE) ha fijado nuevas pautas en sus relaciones comerciales con los demás países, en particular con los países empobrecidos que tienen mayor potencial de crecimiento. La política comercial se considera como un elemento clave para conseguir más empleo y crecimiento en Europa. Lamentando que hasta el momento esta política haya sido “demasiado orientada” a objetivos de desarrollo, la CE quiere desarrollar una “robusta” acción para la defensa de los intereses económicos europeos, favoreciendo la apertura de mercados para sus empresas, en particular para las grandes transnacionales que más activamente operan en el mercado global internacional.
Esta política comercial “agresiva” hacia el exterior debería contribuir a conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa, de ” convertir en 2010 a la Unión Europea (UE), en la economía, basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo “, mediante las siguientes acciones :
- Defender los intereses de las corporaciones aún a costa del desarrollo sostenible, de la protección ambiental, de la cohesión social o de la misma democracia
- Promover el mutuo reconocimiento de los estándares sociales, laborales y ambientales ya existentes, en lugar buscar su armonización a el nivel más alto en la UE
- Orientar prioritariamente la legislación y las actuaciones de la UE hacia la mejora de la competetividad de las empresas
Esta estrategia no hace nada más que poner en práctica el principio – confirmado en el Tratado Reformado – de que la UE se funda sobre una “economía de mercado donde la competencia sea libre y no falseada”.
La CE reconoce el fracaso del proceso de negociación multilateral en el marco del la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aún manteniendo un respeto formal de este marco multilateral, declara su intención de ir mucho más allá, a través de negociaciones directas bilaterales con los países emergentes. El objetivo último es conseguir una apertura total de los mercados de estos países a la penetración de las empresas europeas. Particular interés tiene el sector de servicios, que representa el 77% del Producto Interno Bruto (PIB) y del empleo en la UE. En muchos países empobrecidos sectores de servicios públicos como los servicios financieros, el transporte, los servicios ambientales (distribución y saneamiento de aguas, tratamiento de residuos) están bajo control público, inspirándose su gestión en el principio de que toda la población pueda beneficiarse de ellos con independencia de su poder adquisitivo. La UE quiere presionar a los países más prometedores para que estos servicios se ofrezcan al libre mercado. La comunicación de la CE pone como ejemplo la producción y distribución de la energía: la UE quiere “mejorar el clima empresarial para las inversiones de las compañías europeas y [...] abrir la producción y exportación de recursos energéticos a las empresas de la UE”:lo que se traducirá en más liberalizaciones y privatizaciones. De hecho, la UE quiere ir más allá, y obligar a países ricos en recursos naturales a eliminar cualquier limitación a la explotación de estos recursos, aún si están establecidas por razones de fomento de la economía interna, protección ambiental o gestión sostenible de los mismos. A pesar de la mucha retórica sobre el desarrollo sostenible, Europa quiere seguir abasteciendo su modelo despilfarrador a cualquier coste.
Para conseguir una plena liberalización, la CE reconoce la importancia de las obras publicas, que representan entre el 10 y el 25% del PIB de los países empobrecidos. La mayoría de estos países tienen regulaciones que limitan la participación de empresas extranjeras en las licitaciones publicas. Estas regulaciones sirven no solo para fomentar el desarrollo de las empresas y del empleo local, sino también para garantizar que los servicios públicos sean gestionados según criterios sociales y ayuden la cohesión territorial. Justo por ello estas regulaciones representan un obstáculo para los beneficios de las empresas de la UE, y la CE quiere que se supriman.
Otra forma de garantizar el acceso paritario a los servicios públicos para todas las capas sociales son las diversas formas de subvenciones para los servicios públicos, o de subsidios para los usuarios económicamente más desfavorecidos. Desde una lógica puramente empresarial, estos subsidios son una “competencia desleal”, porque privilegian la gestión publica o las empresas nacionales. Todavía los países poderosos no pueden legislar directamente en los países empobrecidos, pero pueden ejercer presión en los tribunales internacionales para que leyes desfavorables a los intereses de sus empresas sean declaradas “obstáculos innecesarios a la libertad de comercio”, y los países sancionados por la comunidad internacional si no las retiran o modifican. La CE promete que hará un uso más intenso de esta posibilidad en el futuro. Pocos países podrán permitirse el lujo de resistir a este chantaje, y para los más rebeldes existe siempre la amenaza de condicionar la ayuda al desarrollo al cumplimiento de los deseos de los poderosos.
Otro terreno codiciado por la UE y sus empresas son los derechos de propiedad intelectual. Con el pretexto de la lucha contra el fraude, la CE quiere imponer reglas que impongan el respeto integral de la misma. En este caso el objetivo más inmediato es el pingüe mercado farmacéutico y las patentes sobre recursos naturales. La UE quiere socavar las ya limitadas salvaguardias que la OMC permite para obviar las patentes de medicamentos en caso de emergencias sanitarias, y que han sido aplicadas por algunos países (India, Sudáfrica, Tailandia) para importar medicamentos genéricos baratos para combatir pandemias come el SIDA.
¿Qué impacto puede tener una mayor presencia de las empresas transnacionales europeas en los servicios públicos de los países empobrecidos, en ausencia de una eficaz regulación por parte de los poderes públicos? Cualquier estudiante de primer grado de económicas sabe que las empresas privadas basan su gestión en conseguir beneficios a corto plazo, lo que conlleva:
- Una política de recuperación de los costes: el acceso a los servicios públicos se torna imposible para quienes no puedan pagar las tarifas de mercado
- Una política de generación de beneficios: inversiones para la mejoría de los servicios se decidirán según criterios meramente económicos y no según necesidades sociales
- Una política de selección de la clientela: la gama de servicios ofrecidos se limitará a los que más interesan a los usuarios (ahora “clientes”) pudientes, y no se garantizarán los servicios públicos a las capas económicamente más desfavorecidas porqué son menos rentables
No habría nada de intrínsecamente malo en esta lógica si se aplicara solo a la producción de perfumes, trajes de gala o coches de lujo. Muy diferente es la situación cuando las empresas privadas gestionan servicios básicos como la sanidad, el agua, la electricidad o el transporte: sencillamente se quitan a los pobres medios fundamentales de subsistencia.Un buen ejemplo de esta forma de proceder lo tenemos en los famosos Acuerdos de Colaboración Económica (EPAs , en inglés) que la UE está imponiendo a los 76 países más empobrecidos del mundo de Africa, Caribe y Pacífico.
Pero, las desventajas no se limitan a los países empobrecidos. La comunicación de la CE hace hincapié en la necesidad que haya una mayor “coherencia” entre la política exterior de la UE y su política interior. Esto en la práctica significa que se quiere crear un “entorno más favorable a las empresas” también dentro de nuestras propia fronteras, a través de una profundización de los procesos de liberalización y privatización de los servicios públicos en la UE, en la línea trazada por la “Directiva Bolkestein ” sobre servicios en el mercado interior de la UE. Ya sabemos lo que estas políticas liberales conllevan: disminución del gasto público en sanidad, educación, cultura y prestaciones sociales, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados de los servicios públicos (precariedad laboral, despidos masivos, bajos sueldos, horas extra y falta de calificación).
Matteo Guainazzi. Comision AGCS-Servicios Públicos. Attac España.
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