En todas las CC.AA del Estado se está produciendo un proceso, con velocidades e intensidad variables, de transferencia a las empresas privadas – constructoras, empresas financieras y aseguradoras privadas – de la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria.
Es la versión bis del escándalo de la transferencia de dinero público a bancos y aseguradoras en crisis que reedita a gran escala y con intensidad inédita el gran negocio del gran capital: privatización de beneficios y socialización de las pérdidas.
En el caso de la sanidad la obtención de beneficios privados a partir de la financiación pública ofrecida generosamente por los respectivos gobiernos regionales, independientemente de su composición política, se realiza de la única forma posible:
- Mediante la reducción de pruebas diagnósticas, de remisiones a especialistas, altas hospitalarias precoces, disminución del gasto farmaceútico, etc
- Reducciones de la cantidad y de la cualificación del personal sanitario
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