José Francisco Bellod Redondo
Kaos en la Red
De acuerdo con nuestras estimaciones, el volumen de recursos
inyectados por el Estado en el sistema financiero español asciende a
126.733 millones de euros, equivalente al 11´9% del PIB, de los cuales
41.249 millones son ya irrecuperables. Paralelamente, el BCE ha
inyectado otros 340.000 millones.
1.- Introducción.
El pasado 3 de diciembre tuvo lugar la solicitud formal de “rescate bancario”
por parte del Gobierno de España a la Comisión Europea. El importe
solicitado es de 39.465 millones de euros, equivalente al 3´7% del PIB,
con el desglose que aparece en el Cuadro 1. Se trata de una cantidad muy
importante, superior a las nóminas de los funcionarios de todo el
Estado (33.290 millones de euros); siete veces superior a las
Inversiones Reales del Estado (5.252 millones de euros) o diez veces
superior al presupuesto del Ministerio de Sanidad (3.385 millones de
euros) para el año 2013.
Cuadro 1
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Sin embargo, sería erróneo afirmar que ese es el coste del rescate de
nuestro sistema financiero: lo que acaba de aprobarse es solo un episodio más
de un largo proceso que se inició en 2009 con la intervención de Caja
Castilla – La Mancha (28 de marzo de 2009) y del que quedan por cumplir
aún varias etapas. El actual rescate es pues una fase de algo más amplio
que podríamos llamar “proceso de reestructuración del sistema financiero español”.
El coste y el reparto de la carga del proceso resulta difícil por varias razones.
En primer lugar porque, como indicábamos, el proceso aun está en
marcha y tardará años en finiquitarse: aún no conocemos todos los costes
y menos aún su importe.
En segundo lugar porque las ayudas a la banca se han producido (y se
producirán) mediante una amplia variedad de instrumentos financieros con
y sin reflejo presupuestario, e incluso con la creación de nuevos
organismos ad hoc (FAAF, FROB, SAREB…); en un proceso de
ingeniería financiera que resta transparencia al proceso y trata de
enmascarar el coste para las Administraciones Públicas (déficit público,
deuda pública) y para los ciudadanos.
En tercer lugar porque el proceso ha conllevado la aplicación de
medidas de política económica con impacto directo en el bolsillo de los
ciudadanos (reforma laboral, reforma tributaria, congelación de
pensiones, recortes en servicios públicos, etc) pero de difícil
cuantificación....
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