El gobierno de España ha entrado en plena barrena antidemocrática,
pues ha convertido la amenaza con represalias a quienes disienten de
aquellas políticas que consideran injustas e ineficaces, en el
procedimiento estándar para acallar cualquier tipo de crítica
(recordemos la misiva del director del INJUVE a los funcionarios
dependientes de dicha institución).
El último y vergonzante episodio de
este comportamiento ha sido enviar una carta desde el Instituto Nacional
de Consumo a la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA,
advirtiéndoles que de no cesar en sus campañas en defensa de la
Educación y la Sanidad Pública “se procederá a decretar la perdida de
condición de asociación de consumidores y usuarios y su exclusión del
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios”.
Hay que recordar que el artículo 22 de la Constitución española dice:
1. Se reconoce el derecho de asociación......
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