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jueves, 6 de octubre de 2011

El dinero que han cobrado 6 directivos de la CAM bastaría para cubrir el subsidio de 17.000 parados

A. Fernández , F. Abad
MurciaEconomía

Los 15,5 millones de euros en prejubilaciones que se han repartido los miembros de la cúpula que han dejado CAM serían suficientes para hacer frente a la ayuda mensual que reciben 17.000 parados. Mientras el desempleo sigue aumentando, 50.000 desempleados de los 136.294 registrados en la Región no cobran ningún tipo de prestación, ayuda o renta de inserción.

Las cifras aportadas por el ministerio de Trabajo sobre Murcia son suficientemente clarificadoras. De los 136.294 desempleados murcianos registrados en el mes de septiembre, únicamente 84.311 cobran alguna prestación, bien por desempleo o por ayudas del ministerio de Trabajo.

El ministerio de Trabajo se ve obligado cada mes a hacer frente a una nómina de 77 millones de euros en la Región en su correspondencia con el desempleo cada vez más galopante. 57de estos millones corresponden a los desempleados que aún cobran prestación. Otros 16,7 millones tienen que ser destinados mensualmente al pago de los subsidios; y otros 3,2 millones corresponden a las rentas de inserción.

En este marco marcado por el paro, el malestar se acrecienta cuando hace una semana se ha conocido que la cúpula de la CAM, intervenida por el Banco de España, se repartió la friolera de 15,5 millones en prejubilaciones de lujo y las pérdidas en los seis primeros meses del año superan los 1.136 millones.......

miércoles, 27 de julio de 2011

COMUNICADO DE ATTAC MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA CAM

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.

Attac Madrid-Vivienda

Ante la intervención del Banco de España en la Caja del Mediterráneo (CAM) con una inyección de capital de 2.800 millones y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días, ATTAC exige que el organismo regulador cambie las políticas respecto a la vivienda de dicha entidad.

La mala gestión de la entidad ha llevado a la CAM a una situación que solo puede solucionarse mediante la aportación de esa enorme cantidad proveniente del bolsillo de los ciudadanos. Una morosidad del 9,47% ha tenido como consecuencia que la entidad posea, debido a los créditos fallidos, más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos vacíos.

Por ello y para que la gestión por parte de la Administración corresponda a la voluntad de la ciudadanía, ATTAC exige:

- Que se elabore un censo de la totalidad de los pisos vacios en que la CAM posea la titularidad. Aquellos pisos situados en entornos en los que existan problemas de acceso a la vivienda deberán ser gestionados como alquileres sociales. Nunca esos alquileres podrán suponer más de un 30% de los ingresos de aquellos que tengan derecho, en función de sus circunstancias, a acceder a dicha vivienda.

- Paralización inmediata de todas las ejecuciones judiciales de hipotecas que en este momento esté llevando a cabo la CAM en que estén involucradas personas y familias, que en el contexto de la crisis económica, se encuentren en paro o en situaciones de precariedad. Casos como el de María José y sus dos hijos, desahuciados con urgencia el pasado día 20 de julio por parte de esta entidad y condenados ahora a vivir en un garaje y soportar una deuda de por vida de más de 200.000 €, no pueden volver a repetirse en una Caja que recibe 2.800 millones de la sociedad. A partir de este momento la CAM debe aceptar la dación en pago y mantener a los afectados en su vivienda mediante el pago de un alquiler social.

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.

Julio de 2011-