Juan Fco Martín Seco
República.com
El Gobierno acaba de aprobar por decreto ley (lo de gobernar por
decreto ley se ha convertido en una costumbre desde hace bastantes años
en España) la cuarta reforma financiera. La ha aprobado el Gobierno,
pero al igual que con la nacionalización de Bankia,
no es fácil saber quién o quiénes han sido sus artífices. ¿En Europa o
en España? Y si en España, ¿el Gobierno o más bien los titulares de los
tres grandes bancos?
La última reforma consiste, entre otras medidas, en la creación de
múltiples bancos malos con la denominación de “sociedades para la
gestión de activos”. El quid de la cuestión radica sin duda en el precio
al que las entidades financieras van a transferir los activos tóxicos a
dichas sociedades. El decreto ley establece el valor razonable (que es
tanto como no decir nada), pero en su ausencia o ante la imposibilidad
de determinarlo, que es lo que ocurrirá a menudo, por el valor en
libros, lo que en último término remite a la corrección o no de las
provisiones realizadas. Al final, importa poco dónde se sitúe el
agujero, lo relevante es fijar su cuantía y, sobre todo, quién es el que
tiene que poner el dinero, y ahí me temo que todas las respuestas
apuntan al sector público, es decir, a los contribuyentes, bien sea
directamente prestando a los bancos para que cubran las provisiones,
bien sea participando en las sociedades de gestión de activos........
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