Arturo Borra
Rebelión
No hay política de ajuste que no implique, simultáneamente, como su
contracara necesaria, una política represiva orientada a la
domesticación de la protesta social. Al ineludible incremento de la
conflictividad social ante decisiones radicalmente desequilibradas en la
distribución de privilegios y perjuicios, el gobierno nacional arremete
contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y
reunión. Medidas antipopulares como la reforma laboral, el brutal
recorte del gasto social simultáneo al mantenimiento de los privilegios
presupuestarios de la corona, la iglesia católica y las fuerzas armadas,
la acentuación de un sistema fiscal regresivo, el retroceso en términos
de derechos de las mujeres, la inhabilitación judicial de un juez
emblemático como Garzón (por su investigación de crímenes de lesa
humanidad y de una de las tantas tramas corruptas existentes) o el
rescate público a la banca privada, entre otras medidas, tienen como
corolario la instauración de un estado policial que se sustrae de las
leyes de excepcionalidad que institucionaliza para actuar al margen de todo control democrático, generalizando la suspensión temporal de derechos en nombre de una situación de urgencia.
En
efecto, en nombre de esa urgencia, la derecha gubernamental española
-presionada internamente por sus facciones más ultraconservadoras y a
nivel externo por una unión europea cooptada por el poder financiero
global- no tiene más respuesta ante las diversas demandas sociales que
la criminalización de los participantes en las manifestaciones sociales y
la usurpación policial del espacio público en nombre del orden social.
El propio emplazamiento ideológico sitúa al partido gobernante en el
dilema de cargar contra los manifestantes y atizar la indignación
colectiva o de permitir su movilización y contrariar los deseos de una
parte significativa de su electorado....
No hay comentarios:
Publicar un comentario