Antonio Fuertes Esteban - Comisión Justicia Fiscal Global - ATTAC España En 1993 el Principado de Andorra culminó el proceso, iniciado en 1982, para democratizar sus instituciones de tradición feudal milenaria. La proclamada Constitución designa a Andorra como Principado Parlamentario. No obstante, a nivel político, la legitimidad democrática de su Consejo General y del Gobierno se la otorga un censo electoral que constituye la quinta parte de una población que ronda los 80.000 habitantes. Los electores son mayoritariamente hijos de madre o padre andorranos, dada la gran dificultad para acceder a la nacionalidad de una mayoría de residentes en su mayor parte franceses, españoles o portugueses. La constitución niega los derechos políticos de una mayoría ostensible de la población, y es que el nuevo ordenamiento democrático fue diseñado a conciencia por la oligarquía local como salvaguarda de sus intereses....
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