La pasada reunión en Berlín de siete países europeos, incluida España, para preparar la próxima cumbre del G-20 en Londres apunta, lo mismo que los anteriores acuerdos de Washington, hacia la transparencia financiera; pero la cruda realidad es que no plantean explícitamente la supresión de los centros offshore o paraísos fiscales, cuya desaparición antes de 2006 preveía la OCDE en su fracasado proyecto. Porque, más allá de la nula o baja fiscalidad, constituyen un sector de los mercados financieros globales, con la ventaja competitiva de la opacidad, y forman parte de la banca en la sombra que los gobiernos han respetado al concederles ayudas y avales a los bancos en dificultades.
Y es que la supresión de los paraísos fiscales requerirá tocar la libertad de los movimientos de capitales y otros aspectos del actual orden internacional. Eso se vio claramente en febrero de 2008 en el debate de la Cámara de los Comunes británica sobre si la nacionalización del Northern Rock Bank abarcaba o no también a la entidad Granite, domiciliada en la isla de Jersey y ligada al banco, pero propiedad de un fideicomiso benéfico registrado en otro paraíso fiscal. Esta empresa se había empleado para la emisión de bonos respaldados por el banco hasta que estalló la crisis en el verano de 2007 y quebró el negocio porque ya no podía refinanciar los préstamos....
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