Iolanda
Fresnillo y Tom Kucharz
El País
Los
ajustes estructurales que se vienen aplicando desde 2010 en nuestro país violan
los derechos humanos. No lo denuncian solo los movimientos y organizaciones sociales.
Lo ratifica el Centro por los
Derechos Económicos Sociales y Culturales en su informe de 2012 para
Naciones Unidas: “La crisis económica y las respuestas del gobierno han puesto
en peligro la capacidad de una gran parte de la población para ejercer sus
derechos, especialmente el derecho al trabajo y a unas condiciones laborales
decentes, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda
asequible”. Lo corrobora también el comisario para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa, Nils Muiznieks: “En
España, la austeridad tiene impacto negativo en los derechos humanos”.
Los
recortes en sanidad, educación, dependencia, vivienda, atención a las víctimas
de la violencia machista y otros derechos sociales se producen con la excusa
del déficit y en el marco de un proceso de creciente deuda pública. El pago de
los intereses previstos para 2014 es de 36.590 millones de euros, el 11% del
presupuesto, la segunda partida después de las pensiones. De 2008 a 2012
llevamos gastados 113.156 millones de euros tan solo en intereses. Al mismo
tiempo, los recortes en política sociales
superan los 120.000 millones, si contamos desde 2010 a 2013. La otra cara
de la moneda es el incremento de la pobreza y las desigualdades. La población
en riesgo de pobreza ha aumentado del 19,6% en 2007 al 21,1% en 2011 (cinco
millones de personas).
La
reforma de la Constitución pactada por el PP y PSOE en agosto de 2011 entra en
plena contradicción cuando contrastamos el nuevo artículo 135.3 (que garantiza
que el pago de la deuda y sus intereses gozarán de “prioridad
absoluta”) con los artículos de su Título Primero (De
los derechos y deberes fundamentales), en el que se recogen el derecho a la
educación, a la salud, a una vivienda y, en definitiva, a una vida digna, entre
muchos otros. El artículo 135.3 también establece que la deuda no podrá “ser
objeto de enmienda o modificación”......
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