Rebelión
Un paradigma fundamentado en el consumo a crédito y que aspira a convertir al ciudadano en propietario de una vivienda, por encima de otras fórmulas como el alquiler, contiene en potencia una dramática secuela: los desahucios. Y es lo que ha ocurrido al pinchar la burbuja inmobiliaria. Desde 2007 al primer trimestre de 2011 se han iniciado unas 300.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, cerca de un millón de personas han perdido la vivienda al no poder afrontar el pago de la hipoteca. En el primer trimestre de 2011 se han producido 15.600 desahucios, el triple que en el mismo periodo que el año anterior (una media de 175 desahucios diarios).
Las cifras en frío no debieran esconder el drama humano que subyace a cada caso. Para hacer frente a esta “vulneración de los derechos fundamentales” y apoyar “a las familias que se quedan en la calle o se les condena a una deuda perpetua”, nació hace dos años en Barcelona la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), una organización que –al calor de la recesión y los embargos- crece exponencialmente (a fecha de hoy trabajan 25 plataformas en todo el estado). Además, sindicatos, partidos de izquierda, más de 100 ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, organizaciones vecinales y de consumidores, colectivos de jueces y colegios de abogados, ONG, el movimiento 15-M y Democracia Real-Ya han defendido públicamente los postulados de la plataforma.
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