Público
El Estado social contemporáneo surgió entre los escombros de la posguerra mundial iniciada en 1945. El concepto de dignidad de la persona se convirtió en una referencia básica tras el conocimiento de las atrocidades cometidas durante el conflicto bélico y a partir del recuerdo de las graves situaciones de miseria, desarraigo y exclusión social que se habían producido en el periodo de entreguerras. Ello influirá en la idea de la desmercantilización de la fuerza de trabajo que, como señala Esping-Andersen, implicará que los seres humanos no pueden ser tratados como mercancías que participan en las leyes del mercado. Todas estas concepciones estarán muy presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y en ese contexto, con un pacto entre capital y trabajo, el Estado social intentará garantizar a todos los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades básicas, a través de criterios redistributivos que se inspiran en el principio de igualdad social.
Resulta poco discutible que, en sus varias décadas de existencia, el Estado social ha conseguido el cumplimiento más avanzado en materia de derechos humanos de la historia. Pero en los últimos años se han producido crecientes impugnaciones del modelo por parte de quienes se oponen a la intervención estatal en la esfera económica. Dichas críticas se han fundamentado en las dificultades del Estado social para mantener el pleno empleo. Y en las acusaciones de que el amplio gasto social ralentiza el crecimiento económico y dificulta la competitividad de las empresas en el marco de la globalización. Sin embargo, como recuerda Vicenç Navarro, los países con estados del bienestar más consolidados, en especial los escandinavos, se encuentran entre los más competitivos en su comercio exterior y cuentan con el menor nivel de desempleo, a pesar de tener un mayor gasto público. Por otro lado, las experiencias que más han apostado por el Estado mínimo no han mejorado en modo alguno el problema del desempleo, lo cual sugiere que dicha cuestión no está vinculada a una excesiva intervención estatal.....
Resulta poco discutible que, en sus varias décadas de existencia, el Estado social ha conseguido el cumplimiento más avanzado en materia de derechos humanos de la historia. Pero en los últimos años se han producido crecientes impugnaciones del modelo por parte de quienes se oponen a la intervención estatal en la esfera económica. Dichas críticas se han fundamentado en las dificultades del Estado social para mantener el pleno empleo. Y en las acusaciones de que el amplio gasto social ralentiza el crecimiento económico y dificulta la competitividad de las empresas en el marco de la globalización. Sin embargo, como recuerda Vicenç Navarro, los países con estados del bienestar más consolidados, en especial los escandinavos, se encuentran entre los más competitivos en su comercio exterior y cuentan con el menor nivel de desempleo, a pesar de tener un mayor gasto público. Por otro lado, las experiencias que más han apostado por el Estado mínimo no han mejorado en modo alguno el problema del desempleo, lo cual sugiere que dicha cuestión no está vinculada a una excesiva intervención estatal.....
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