martes, 22 de octubre de 2013

La privatización de los servicios de agua: ¿austeridad o negocio?

Pedro Arrojo Agudo
Attac España
 
La estrategia neoliberal del Banco Mundial (BM) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha venido presionando para reducir el campo de acción de la función pública a todos los niveles, a fin de dejar mayores espacios a la iniciativa privada. Bajo esta presión, se han degradado las tradicionales funciones del Estado, como impulsor de valores de justicia y cohesión social. En los países empobrecidos y en desarrollo se han desmontado, o cuando menos debilitado, los ya de por sí endebles servicios públicos y las perentorias políticas de protección social. Pero incluso en el mundo desarrollado, el llamado estado del bienestar se ve ya gravemente afectado, especialmente a raíz de la vigente crisis. Bajo el pretendido argumento de la “austeridad”, las instituciones públicas, debilitadas en sus capacidades financieras, tienden a “vender los muebles”, concesionando y privatizando los servicios básicos bajo su responsabilidad, como forma de aliviar su situación financiera. 
 
Asistimos a un proceso de progresiva “anorexización” de las instituciones públicas, bajo la idea de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente. Se ha venido promoviendo la desconfianza hacia la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática, al tiempo que se han venido presentando las políticas desreguladoras y privatizadoras como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, glorificando las virtudes del libre mercado
 
Desde este enfoque, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los de agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos, cuando menos, como derechos de ciudadanía, llega a considerarse una interferencia por parte del Estado contra el libre mercado. Se supone que el Estado debe retirarse y dejar que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos desde un marco de libre competencia. Los ciudadanos, en consecuencia, deben pasar a ser clientes; y los servicios en cuestión deben dejar de ser de acceso universal para pasar a ser accesibles tan sólo para quienes puedan y quieran pagarlos.
 

No hay comentarios: