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domingo, 29 de diciembre de 2013

La crisis, la LOMCE y PISA

Julio Carabaña.
Público.es

Durante este poco feliz año 2013 continuaron los recortes en el gasto público con los cuales Europa intenta superar la crisis económica, y que tan arbitrariamente distribuye nuestro gobierno, así como las protestas de los sectores afectados, en particular la enseñanza; la OCDE publicó los resultados de PISA, el examen de las competencias cognitivas básicas de los alumnos de quince años, con los mismos resultados de las ediciones anteriores (aquí no se ha notado la crisis, pero muchos países europeos empeoraron sus puntuaciones). Menos mal que las Cortes aprobaron la LOMCE (Ley Orgánica calidad de la Educación, también llamada ley Wert), que, modificando algunos artículos de la ley anterior, pretende ni más ni menos que ayudar a superar la crisis económica mejorando las puntuaciones del país en PISA.
¿Qué futuro puede augurarse a tales ilusiones? En realidad, la mayor parte de los cambios que introduce la LOMCE son de poca relevancia. Unos responden al patrón de ‘legislación expresiva’ apropiada para afirmar la propia identidad partidaria y aglutinar a la parroquia. Así, a los 16 principios de la LOE se añaden otros dos, el derecho de los padres a elegir educación y la libertad de enseñanza, copiando sin novedad la Constitución; se ha añadido el espíritu emprendedor a los objetivos de la educación primaria, y se han colocado por doquier menciones al ‘emprendimiento’; se quitan competencias a los Consejos Escolares y se le dan al director; se elimina la educación para la ciudadanía como asignatura, volviendo al enfoque “transversal’ de la LOGSE, y al tiempo se pone la Religión en el lugar que según la Iglesia Católica le corresponde. Son cambios buenos para contentar a los votantes en el plano simbólico o ideológico, pero de nula influencia en los resultados académicos, y no digamos en la competitividad de la economía.
 
Otros cambios son más pragmáticos, pues no sólo de ideología vive un partido. Por ejemplo, se autoriza a financiar centros que separan chicos y chicas, una aspiración por ahora limitada a ciertos católicos radicales; se favorece a la enseñanza privada introduciendo la ‘demanda social’ como criterio para la creación de centros, y se legaliza la cesión de suelo público para la construcción de centros privados. En los planes de estudio gana mucho la Economía y pierden la música y las artezs. Pero nadie va a confundir los favores que la LOMCE pueda procurar a ciertos intereses particulares con el cambio de modelo productivo......



martes, 26 de noviembre de 2013

Un poder judicial tutelado

Juan Ramón Capella
Mientras Tanto 
 
El actual régimen constitucional cuenta con un poder judicial honesto; pero ¿es verdaderamente independiente?
 
La cuestión no es baladí, puesto que el Poder Judicial es un garante público de los deberes de todos, incluidas las instituciones, respecto de los ciudadanos (hablo de deberes, y no de derechos de los ciudadanos, porque sin aquéllos éstos son papel mojado, como se ha tratado de argumentar en El libro de los deberes, editado por el profesor Estévez Araujo y Trotta editorial).
 
Desde mi punto de vista, no se ha visto que gobierno alguno de este primer régimen constitucional desde la guerra civil haya tenido el menor interés en que exista un verdadero poder judicial independiente; ha preferido una independencia, digamos, relativa, incompleta: decididamente inacabada.
 
Es preciso explicar por qué. Y la explicación incluye varios factores. El más destacable fue la perplejidad del constituyente de 1978 ante la magistratura heredada. Tenía ante sí un cuerpo de magistrados complejo: parte importante de él había surgido de las "oposiciones patrióticas" del franquismo de los años cuarenta. Los funcionarios anteriores habían sido depurados muy duramente por el régimen. En el ámbito del derecho penal la magistratura había sido muy dúctil a los diseños del franquismo.
 
De modo que los poderes constitucionales optaron por anticipar la jubilación de los magistrados, para librarse de los más antiguos, y someter a tutela al poder judicial. Una tutela en realidad innecesaria para el sistema constitucional, pues en los cuerpos judicial y fiscal también habían brotado con fuerza el antifranquismo y las aspiraciones a la democracia. En seguida se advirtió, con excepciones que fueron objeto de medidas disciplinarias, la aceptación por jueces y fiscales del régimen de libertades. Es más: muchos operadores del poder judicial apoyaron en los años ochenta a los objetores insumisos al servicio militar, minimizando la represión que pretendió ejercer sobre ellos el gobierno del Psoe (el movimiento pacifista de objetores de conciencia, hoy olvidado, fue una gran aportación, masiva y de gran calidad moral, a la democracia en España).....
 
 

jueves, 21 de noviembre de 2013

La gran mentira de la sanidad privada en 8 gráficos

Alberto Sicilia (Principia Marsupia)
Público.es
 
“El mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad”
Desde que comenzó la crisis escucho cada vez más este argumento.
Podríamos abrir un debate filosófico al respecto. Pero en realidad no hace falta: hay datos.
Entre los países ricos existen dos grandes grupos en cuanto a cobertura sanitaria: EEUU y el resto. La diferencia entre estos dos “universos” puede observarse bien en este primer gráfico.
 
¿Qué porcentaje de la población tiene garantizada la protección sanitaria a través de un programa público?
porcentaje-cubierta-publico
Antes de continuar, hagamos algunos matices importantes. En EEUU hay ciertos programas públicos: Medicare, Medicaid, Veteran Health Administration, etc. (de ahí el 27% del gráfico anterior). En el “resto del mundo” las formas de gestión sanitaria no son exactamente iguales. En algunos países el Estado emplea directamente a los médicos (Reino Unido, España), en otros países la mayoría de las consultas son privadas pero el Estado paga las facturas (Francia) y también existe el “modelo suizo” donde la gestión se deja en manos privadas pero el Estado regula muy fuertemente a las compañías (ningún ciudadano puede quedarse sin seguro sanitario y las familias pobres tienen subsidios para pagarlo).
 
Si el mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad privada, entonces en EEUU la sanidad será muy barata y en el resto de países muy cara, ¿no?
Ocurre todo lo contrario, los estadounidenses son quienes más dinero se gastan en su sanidad (linea negra del gráfico)
gasto-sanitario
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domingo, 10 de noviembre de 2013

Agua: bien público

Joaquín Estefanía
El País
 
El agua ¿es un bien público o un nuevo producto financiero? Es muy sugerente el debate que se está generando a nuestro alrededor con productos como el agua, el gas o la electricidad, en las condiciones que provoca la crisis económica.
 
El pasado fin de semana, los ciudadanos de Berlín votaron por la remunicipalización de la red eléctrica de la ciudad, en manos de una multinacional. Los que votaron (menos del quórum exigido) lo hicieron a favor de que la electricidad volviera a manos públicas locales. Hace unos meses, Hamburgo lo consiguió y ahora se plantea repetir la votación con el gas. Desde hace aproximadamente cinco o seis años, decenas de municipios alemanes (alrededor de 170) han recuperado el control para sus Ayuntamientos de sectores como el agua, el gas y la electricidad.
 
Lo cual da lugar a un curioso fenómeno: mientras la UE (y la troika) recomienda la privatización de estos servicios, los ciudadanos afectados se oponen a la misma. Como informa la revista Alternativas Económicas, la postura de la UE choca frontalmente con la legislación comunitaria, que establece que “los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros”.
 
Las instituciones favorecen la privatización de servicios básicos, a los ciudadanos mayoritariamente no les gusta, y muchos Ayuntamientos entran en la operación por sus deudas (o por otros motivos): esperan reducir gastos y obtener réditos. Antes de Alemania fueron los italianos los que se resistieron a la política privatizadora de servicios esenciales de Berlusconi, y en 2010, París remunicipalizó el servicio del agua y se lo arrebató a gigantes como Veolia y Suez......

sábado, 9 de noviembre de 2013

Las pensiones no se tocan

Ivan Gordillo
Taifa (vía Rebelión)

Es sorprendente el marginal debate y las pocas movilizaciones surgidas alrededor de la reforma de las pensiones que el gobierno quiere aprobar antes de fin de año. La gravedad de la reforma se puede constatar en los presupuestos públicos de 2014 presentados las últimas semanas. "Las pensiones aumentan un 0,25%" titulaban falazmente los medios de comunicación convencionales. Si la inflación es superior al 0,25%, y raramente no lo es, las pensiones no suben sino que bajan. Lo cierto es que las pensionistas cobraran cada vez menos. El gobierno reducirá las pensiones tanto futuras como actuales, algo insólito hasta el momento. Las consecuencias pueden ser dramáticas dado que las prestaciones son actualmente muy limitadas y miles de familias con todos sus miembros parados sobreviven gracias a la pensión de los padres, madres, abuelos y abuelas. En cambio, esta reforma podría ser una oportunidad para movilizar un amplio sector de la población en la defensa de un derecho que hasta ahora creíamos un pilar intocable del estado de bienestar. El Seminari d'economia crítica Taifa ha publicado recientemente un breve informe con el que desenmascara los argumentos y denuncia las consecuencias de esta reforma. Me limito a recojer los ejes del debate y los argumentos que han de servir para concienciar una población golpeada por la crisis y los programas de ajuste.

Las pensiones no tienen relación directa con la crisis económica. Los poderes políticos y económicos planteaban esta cuestión mucho antes del estallido de la crisis. El sistema de pensiones público es uno de los objetivos a derrocar de la agenda neoliberal desde hace décadas. La estrategia de deterioro de las pensiones públicas empieza con la reducción de las prestaciones. El argumento central que utilizan los "comités de sabios", siempre formados por representantes de la banca y las aseguradoras, es que el sistema de pensiones es insostenible. Las causas que presentan son que la esperanza de vida aumenta progresivamente al mismo tiempo que hay menos cotizantes a causa de la caída de la población activa. A partir de esta idea extienden la alarma social pregonando que a largo plazo no habrá dinero para pagar las pensiones públicas......

martes, 29 de octubre de 2013

La educación clasista en España

Vicenç Navarro
El Plural
 
En España hay clases sociales. Y es imposible entender qué ocurre en España sin entender el enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, influencia que está alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha tenido durante el periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas clases sociales.
 
Esta enorme influencia explica muchas realidades, tales como la pobreza del Estado del Bienestar (España tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países, dentro de la Unión Europea, de semejante desarrollo económico), su escasa capacidad redistributiva (de nuevo, el Estado español es de los menos redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad fiscal (mientras que los trabajadores de la manufactura pagan impuestos -en porcentaje sobre su sueldo-, en cantidades semejantes a sus homólogos en la UE-15, el 1% de la población que deriva sus ingresos de la propiedad de capital paga sólo un 10% de lo que pagan sus homólogos en el promedio de los países de la UE-15). Todo ello explica la gran pobreza de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como la educación. El Estado español gastó en educación en 2010 solo un 4,2% de su PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho, mucho más bajo que Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja tienen mayor influencia sobre el Estado. El gasto educativo por alumno (en todas las categorías de estudios) en España es de los más bajos de la UE-15......
 
 

lunes, 28 de octubre de 2013

Universidad S.A. (Documental)

Universidad S.A. (Documental) 
www.universidadsa.com
 
Este documental pretende mostrar los procesos y las consecuencias que resultan de la mercantilización de la Universidad y de su contexto político, económico y social.
 
Para ello, contactamos y entrevistamos a personas vinculadas a la universidad de diferentes maneras y con distintos perfiles, desde una ex-alumna hasta un ex-rector; con tal de intentar ofrecer una visión amplia y diversa de lo que acontece la educación superior. Nuestro cedazo, en materia de selección de los entrevistados, fueron los ejes temáticos que veíamos importante tratar así como la voluntad de colaboración con este proyecto; pues, cabe decir, que no pocos desatendieron nuestra invitación.
 
Con todo, parece ser, que de una manera u otra la mayoría de los puntos de vista mostrados en el documental convergen hacia un mismo punto: la Universidad, la niña bonita de nuestras instituciones, se ha dejado corromper. Y lo ha hecho de distintas maneras: sometiéndose a los dictados de la mercantilización, dejándose llevar por la fiebre inmobiliaria, banalizando los títulos, aceptando la privatización -literalmente- de los resultados de las investigaciones (y por ende; elitizando y privatizando el conocimiento producido con dinero público)......
 

jueves, 24 de octubre de 2013

Una educación abocada al subdesarrollo

Héctor Illueca y Adoración Guamán
Público.es

La reforma del ministro Wert ha conseguido unir a toda la comunidad educativa alrededor de un objetivo común: detener el desmantelamiento de nuestra educación pública y denunciar la naturaleza profundamente injusta de una reforma que se opone frontalmente a los criterios científicos y de justicia social vigentes en el campo de la educación. Tal y como sucedió con la reforma laboral aprobada en febrero 2012, la denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha desencadenado un conflicto entre el Gobierno y los intereses de la mayoría social que se prevé largo y complicado. Ambas reformas, junto con las ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en muy diferentes ámbitos (Código Penal, pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora orientada a la ablación de los derechos sociales y políticos de la inmensa mayoría de la sociedad. Una sociedad condenada por quienes ostentan el poder político a la precariedad laboral, a la inseguridad social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los derechos que atañen a la esfera íntima de libertad personal.
 
En el epicentro de la batalla contra la LOMCE, entre huelgas y manifestaciones, es preciso evidenciar y argumentar está la relación de continuidad entre las distintas reformas y en particular entre la reforma laboral y la educativa. Para ello debemos aludir, en primer lugar y de forma preeminente, a la profunda transformación operada en el seno de la Unión Europea a raíz de la implantación del euro. Como es sabido, la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general. O, por expresar la idea con otras palabras, la unión económica y monetaria ha permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea. Como vamos a comprobar enseguida, las reformas a las que nos referimos se inscriben en este contexto, que explica y moldea sus características fundamentales.......
 

martes, 22 de octubre de 2013

La privatización de los servicios de agua: ¿austeridad o negocio?

Pedro Arrojo Agudo
Attac España
 
La estrategia neoliberal del Banco Mundial (BM) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha venido presionando para reducir el campo de acción de la función pública a todos los niveles, a fin de dejar mayores espacios a la iniciativa privada. Bajo esta presión, se han degradado las tradicionales funciones del Estado, como impulsor de valores de justicia y cohesión social. En los países empobrecidos y en desarrollo se han desmontado, o cuando menos debilitado, los ya de por sí endebles servicios públicos y las perentorias políticas de protección social. Pero incluso en el mundo desarrollado, el llamado estado del bienestar se ve ya gravemente afectado, especialmente a raíz de la vigente crisis. Bajo el pretendido argumento de la “austeridad”, las instituciones públicas, debilitadas en sus capacidades financieras, tienden a “vender los muebles”, concesionando y privatizando los servicios básicos bajo su responsabilidad, como forma de aliviar su situación financiera. 
 
Asistimos a un proceso de progresiva “anorexización” de las instituciones públicas, bajo la idea de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente. Se ha venido promoviendo la desconfianza hacia la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática, al tiempo que se han venido presentando las políticas desreguladoras y privatizadoras como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, glorificando las virtudes del libre mercado
 
Desde este enfoque, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los de agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos, cuando menos, como derechos de ciudadanía, llega a considerarse una interferencia por parte del Estado contra el libre mercado. Se supone que el Estado debe retirarse y dejar que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos desde un marco de libre competencia. Los ciudadanos, en consecuencia, deben pasar a ser clientes; y los servicios en cuestión deben dejar de ser de acceso universal para pasar a ser accesibles tan sólo para quienes puedan y quieran pagarlos.
 

viernes, 18 de octubre de 2013

Pensiones públicas. " Cuestión de dignidad y justicia, no de sostenibilidad"

Xavier Caño Tamayo
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)

Las pensiones públicas sufren un descomunal ataque desde hace años. La minoría rica quiere sustituir las pensiones públicas por privadas. En España las pensiones públicas son 117.000 millones de euros anuales.
 
Dirigen la ofensiva contra las pensiones el FMI, Banco Mundial y Unión Europea. El FMI  sostiene que la mayor esperanza de vida “acarrea costos financieros a los gobiernos por los planes de jubilación”. Y amenaza con que hay que recortar las pensiones. ¿Más?
 
El FMI osa decir incluso en un reciente informe que vivir más es “un riesgo financiero”. De ahí a empezar a urdir algún tipo de ‘solución final’, no hay tanto techo. Un viceministro japonés ya pidió a los jubilados que se hicieran el hara-kiri para aliviar las cuentas públicas.
 
Pero lo peor es que, para reducir “el riesgo que supone la longevidad”, el FMI propone recurrir a los mercados de capital porque -dice- son quienes “tienen más capacidad para gestionar los planes de pensiones”. Es como contratar zorros para que vigilen el gallinero. O pedófilos para escuelas infantiles.
 
Desde hace años hay una campaña catastrofista impulsada por FMI y compañía que profetizan la quiebra de las pensiones públicas. Sesudos estudios profetizaron la bancarrota del sistema público de pensiones en España en 1995, 2000, 2005, 2007, 2010… Pero ni uno acertó.....
 


viernes, 11 de octubre de 2013

La Sanidad Pública estimula la economía, no la hunde

Rafael Bengoa
El País
 
A los argumentos clásicos a favor de la sanidad pública —una obligación social hacia los demás y los buenos resultados en salud que disfruta España— es necesario añadir la aportación económica al país.
 
Ya en 1993 Robert Fogel, premio Nobel en economía, comentó: "El tren fue el motor económico en el siglo 19, el automóvil en el siglo 20 y la innovación en el sector salud lo será en el siglo 21".
La crisis económica en España nos ha hecho olvidar que la creación de un sistema de salud universal como el nuestro ha aportado bastante más a la economía que lo que ha costado y que, por lo tanto, es contradictorio no protegerla como un activo más.
 
En un estudio reciente, Bloom and Canning indican que la buena salud de la población inyecta al crecimiento económico del 0,3% al 0,5% anualmente. Sumemos eso a lo largo de los últimos 35 años y evaluemos quien ha aportado más a la economía, ¿los bancos o la sanidad pública?....
 
 

sábado, 21 de septiembre de 2013

En defensa del sistema público de pensiones. Documento

documentopensiones.org

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer  el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

En defensa del sistema público de pensiones

  LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

         Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones......

martes, 30 de julio de 2013

Garantías sociales

León Bendesky
La Jornada 
 
La confianza en que el mercado puede ordenar las relaciones sociales de manera eficaz, no sólo en la determinación de las pautas del intercambio, sino de la asignación de los recursos, la generación de riqueza, la distribución del ingreso y hasta alguna forma de generar garantías sociales duraderas con algo de ingeniería en las políticas públicas está hoy, no cuestionada, sino en ruinas. 
 
Esto ocurre no únicamente en los países considerados pobres, tampoco se remite a los llamados emergentes, sino que es una evidencia en muchos países desarrollados como ocurre en Europa y Estados Unidos. La desigualdad y la pobreza van en aumento con las formas de la acumulación del capital desde hace más de tres décadas. La crisis actual desatada en 2008 es la forma agravada de esos fenómenos.

Del severo análisis de Polanyi (La gran transformación) se desprende que los mercados tienden a destruir la sociedad y, entonces, la gente debe ser protegida contra las consecuencias de las fluctuaciones del mercado, sobre todo en un entorno de amplia liberalización. Los mercados no deben decidir acerca de la sobrevivencia o la privación de los individuos.

Las políticas sociales, como las de Estado de bienestar –en sus distintos modelos– aceptaban de alguna manera que la gente necesita acceso a los cuidados de la salud y la educación, ayudas en caso de desempleo, pensiones para el retiro y otros muchos apoyos públicos. Esto no significa necesariamente que se excluya la operación de los mercados, pero sí requiere evitar que provoquen estragos en la población....

jueves, 4 de julio de 2013

La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso

Eduardo Garzón
Saque de Esquina
 
Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.
 
Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:
 
1)      Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.
 
2)      Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá.....
 

jueves, 23 de mayo de 2013

La precarización de los salarios de funcionarios municipales

Pilar Martín y María Flores
EconoNuestra.
Público.es

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.....

domingo, 12 de mayo de 2013

Agua: "Del grifo al maletín "

Plataforma Aiguaesvida 

El río que nos lleva hacia la privatización

Las denuncias por las concesiones de agua por parte de las administraciones llegan a los grandes del sector, Suez y FCC.
 
Una subida del 30% en Huelva; del 75% en La Unión (Murcia) y del 70% en Avilés (Asturias) en el último año. De norte a sur, la factura del agua se dispara, especialmente unos meses antes de la adjudicación del servicio o de parte de éste a empresas privadas, o en los años siguientes a la adjudicación. En Barcelona el agua subió tres veces en 2012.En Madrid, donde opera el aún público Canal de Isabel II, la subida en la factura en 2012 llegó en algunos casos hasta el 30%.
 
La falta de transparencia explica sólo a medias la disparidad en el acceso a este recurso común en las principales ciudades del Estado. Así, mientras en municipios como Lugo o Palma de Mallorca la cuota fija por el suministro de agua es de 9,4 euros cada tres meses y 9,2 euros cada dos y el primer tramo de consumo no llega a los dos céntimos por metro cúbico en el primer caso, en Almería, donde opera la empresa Aqualia, la cuota de servicio asciende a los 17 euros cada 60 días, y en Alicante, donde el servicio depende de la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, la factura del agua contempla una cuota fija mensual de 7,21 euros.
 
Charcos de ‘knowhow’
Desde 1996 hasta 2006, el porcentaje de población abastecida por sistemas de gestión privada de servicios de agua ha pasado del 37 al 53%, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que calcula que a finales de este año el 57% de la población española dependerá del sector privado para abastecerse de agua.....
 

sábado, 11 de mayo de 2013

Ley Wert: Iglesia, empresa y democracia

José Manuel Barreal San Martín
Mientras Tanto 
Podría parecer que salir, actualmente, en defensa de la Escuela Pública resulta manida y hasta obsoleta tal actitud. Pero, no. Es decir, repetir que una escuela pública, laica y de calidad para todas y todos, además de gratuita, democrática, participativa, integradora, e igualitaria y que solo con ella y así, se conseguiría tener una garantía de integración y cohesión social, no solo no está desactualizada, sino que es urgente volver a decirlo alto y claro.

El Proyecto de Ley, la LOMCE, que el gobierno del PP, de la mano del inefable Wert, quiere convertir en el futuro modelo por el que se regirá la enseñanza pública en España, hace que se tenga que volver a recordar y a defender los principios básicos expuestos.

En mi opinión, dos son, entre otros, los aspectos que hacen vislumbrar una educación pública puesta al servicio no precisamente de todas las personas con derecho a una educación pública de calidad. Me refiero:

a) la enseñanza de la religión en la escuela pública y
b) la función integradora y democrática que debe de tener.

La regulación de la enseñanza de la religión en la escuela ha suscitado en España controversias y no pocos enfrentamientos a lo largo de los últimos años.

Como cabía esperar, la mayoría absoluta del PP, y la anterior dejación de las otras mayorías que hubo (PSOE) y la buena vecindad de los gobiernos de Zapatero con la Iglesia Católica, ha vuelto a reabrir un nacionalcatolicismo que, en mi opinión, no había desaparecido, pero que ahora, en buen lógica de la derecha, se recrudece. La polémica gira, como siempre, en torno a la cuestión sobre qué lugar debe ocupar la religión en los centros de educación pública. ¿Debe formar parte del currículo escolar la enseñanza de la religión? Y, si formase parte, con qué carácter ¿confesional o aconfesional? A mi juicio, el debate es falso.....

domingo, 24 de febrero de 2013

Privatización y liberalización es igual a corrupción e ineficacia

Pedro L. Angosto
Nueva Tribuna
 
A poco que se analice la cuestión, será fácil concluir que en España nunca han existido empresas públicas. Me dirán que sí, que Renfe, Telefónica, Campsa, Altos Hornos… Pero la realidad demuestra lo contrario. Veamos. Durante muchos años los gobiernos monárquicos gastaron enormes cantidades de dinero en montar una red ferroviaria radial e ineficiente. Fueron empresas francesas quienes las construyeron y explotaron en un primer momento, pero de sobra sabían que si la red no se completaba con otra concéntrica el negocio no sería rentable. Al poco tiempo, ante la huida de los inversores extranjeros, que ya habían hecho su agosto con la construcción, el Estado se tuvo que hacer cargo de las líneas, primero de las menos rentables, después de todas porque ninguna lo era. Así nació RENFE, y así nacerían la mayoría de las grandes empresas de titularidad estatal a lo largo del siglo XX, no para prestar un servicio público decente, sino para salvar a las oligarquías creando un monopolio en el que colocar durante décadas a sus hijos, nietos, cuñados, suegros, consuegros y primos en quinto grado de afinidad. Dato, Romanones, Allende-Salazar, Maura, Silvela o Villaverde dejaban la Presidencia del Consejo de Ministros y, de inmediato, tenían un lugar privilegiado en las empresas que luego se llamarían Campsa, Renfe, Telefónica o Minas de Rif para matar el aburrimiento, enriquecerse, colocar a los allegados y esperar la nueva llamada del rey para volver al Gobierno. A eso se le llamaba turno pacífico en el poder, un eufemismo para nombrar a un régimen esencialmente corrupto en el que toda la riqueza del país estaba supeditada al interés de unos pocos.
 
Al llegar la democracia, el Estado era dueño de un gran número de monopolios en cuyas altas esferas pululaban y mamaban miembros de las mismas familias que los habían constituido con el dinero de todos más los arribistas añadido por el glorioso alzamiento nacional. De modo que el “nuevo régimen” no heredó empresas públicas para prestar un servicio magnífico a los ciudadanos, sino empresas monopolísticas de titularidad estatal regidas por particulares para su propio beneficio. Una parte mayoritaria de las grandes fortunas españolas se fraguaron al calor de esos monopolios, al calor del sufrimiento de millones de españoles que soportaron pésimas condiciones laborales y un servicio nefasto. A nadie se le puede olvidar como funcionaba Renfe, Telefónica o Campsa en 1975, una verdadera calamidad nacional.
 
El “nuevo Estado” debió acometer la conversión de esos monopolios en manos de la oligarquía en verdaderas empresas públicas al servicio de los ciudadanos, y en cierto modo se hizo.....
 

lunes, 18 de febrero de 2013

¿Quiénes y cómo quieren vender la sanidad a costa de nuestra salud?

Joan Benach y Carles Muntaner
Público.es
 
El actual proceso de contrarreforma neoliberal de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores” de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo defender la sanidad pública?
 
Tal y como muestran gran número de estudios, la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico, realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación......