Pilar Martín y María Flores
Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.
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Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.
Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar
lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que
se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y
ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo
que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores,
naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la
sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a
interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde
tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que
pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los
Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis
como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades
Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación
de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas
dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las
organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una
institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido
Popular.
Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para
precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su
complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación
que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a
29.000 empleados públicos de la capital.
Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las
políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos
específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos
complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están
relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o
peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el
único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos
salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos
ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone
un atentado a su dignidad.....
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