Ramón Cotarelo
Palinuro
La comisión de “expertos” sobre pensiones que ha reunido el gobierno
para tomar una decisión que será trascendental sobre el futuro de las
jubilaciones cuenta con doce miembros de los que ocho están o han estado
a sueldo de aseguradoras privadas, cajas y bancos, algunos de los
cuales pueden haber cometido las mayores estafas de los últimos tiempos y
arruinado a miles de cuentacorrentistas, depositantes y preferentistas.
Obviamente, esos ocho expertos pagados por las entidades financieras
no tienen el menor interés en adoptar decisión alguna que favorezca a
los jubilados sino a las entidades que los pagan cuya finalidad es
acabar con el sistema público de pensiones y quedarse con un suculento
negocio de miles de millones de euros sin duda incrementados por la
serie de estafas posteriores que se les ocurrirán para arruinar más a
sus clientes.
En estas condiciones los tales expertos, seguramente serán muy expertos
pero, sobre todo, son unos inmorales, sin escrúpulo alguno y sin empacho
en destruir la vida de millones de jubilados cuyo último recurso son
esas pensiones que la ministra de Trabajo quiere poner en manos de los
buitres del capital. Una ministra de Trabajo, por cierto, que solo
conoce este de verlo escrito en la cartera de su ministerio.
Lo llaman “factor de sostenibilidad” por darle algún nombre que vista.
Podían llamarlo “primicia metafísica”. En el fondo, de lo que se trata
es de encontrar alguna justificación medianamente plausible para robar a
la gente el producto de una vida entera de trabajo y consiste en dos
elementos, a cada cual más canallesco:
a) desvincular el aumento de las pensiones del IPC.
b) recalcular la
cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras
cuentas que echará el Estado en cada caso.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario