Ignacio Toledano Martínez.
Extraconfidencial.com
Todas las medidas económicas de nuestro Gobierno –todos los ajustes y recortes- van dirigidas a conseguir la confianza de aquellas personas y entidades que nos prestan dinero. La confianza de los mercados dicen nuestros máximos responsables sin inmutarse. Las llamadas políticas de austeridad van dirigidas no sólo a aumentar nuestra capacidad de pago, sino a demostrar que España podrá pagar su deuda. Cuanto mejores deudores seamos, con más facilidad nos prestarán dinero. Esta es la fórmula mágica que el mundo occidental ha ideado para salir de la crisis: la deuda pública.
Verdaderamente
brillante e imaginativo: se pide dinero prestado a quien lo tiene y,
cuando las sumas prestadas se han agotado, se pide más. Obtener liquidez
a cambio de endeudarnos -por varias generaciones-, frente a las
entidades financieras privadas que disponen de ese capital. A este sólo
fin se subordinan las medidas económicas del Gobierno: a ajustarnos a
las exigencias de nuestros acreedores para poder seguir pagando.
El ciudadano, en manos de ¿quién?
La
conclusión es tan evidente que casi resulta ocioso enunciarla. El
Gobierno de España no gobierna en función de los intereses de los
ciudadanos españoles, sino en atención a los dictados de nuestros
acreedores. En toda Europa se legisla y se gobierna para este
conglomerado de intereses supranacionales, y si ya nuestro modelo de
representación democrática era, de por sí, endeble e imperfecto, ahora
lo es mucho más. Agudizadas sus profundas contradicciones a causa de la
recesión, el ciudadano occidental se siente –más que nunca-, a merced de
decisiones adoptadas en círculos cada vez más pequeños y alejados de su
control legítimo. Chipre ha sido el último ejemplo de estas durísimas
medidas de intervención, realizadas con el sólo fin de poder seguir
pagando esta deuda......
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