6 sencillas medidas para reducir el déficit aumentando los ingresos públicos

Eduardo Garzón Espinosa

Saque de esquina

El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado. Por lo tanto, si el objetivo es reducir el déficit se puede lograr tanto recortando los gastos como aumentando los ingresos. Estamos muy acostumbrados a contemplar cómo los dirigentes políticos prefieren disminuir el déficit mediante la primera opción., y cómo ignoran la segunda. Desde la aparición del problema de las cuentas públicas, el gobierno ha adoptado numerosas y diversas medidas que pasan por recortar el gasto público: rebaja del salario de los funcionarios, eliminación del cheque bebé, aumento de la edad de jubilación, congelamiento de las pensiones, eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción del gasto farmacéutico, modificación de la ley de Dependencia, reducción de la ayuda al Desarrollo, reducción de inversión pública… Y apenas unas pocas medidas para aumentar los ingresos públicos, entre los que destaca un aumento del IVA que es una medida altamente regresiva (es decir, trata por igual a ricos y a pobres, perjudicando por ende a los segundos al partir de una situación inicial inferior).

Gastos públicos

Una simple ojeada a la batería de recortes de gasto nos basta para darnos cuenta de que todos ellos perjudican a la clase trabajadora y a los que menos recursos tienen. Salen perdiendo los funcionarios, las madres trabajadoras, los pensionistas, los beneficiarios del gasto sanitario público, los beneficiarios de las medidas de dependencia, los países subdesarrollados… En definitiva, salen perdiendo todas aquellas personas que se benefician del Estado del Bienestar. Si recordamos el funcionamiento del Estado del Bienestar consistente en recolectar recursos de toda la ciudadanía para favorecer a las personas que menos renta tienen, concluimos sencillamente que los recortes del gasto público perjudican a este último grupo. Al fin y al cabo, a las personas más adineradas no les afectará que reduzcan los servicios públicos de sanidad, de dependencia, de pensiones o cualquier ayuda de otro tipo ya que podrán acceder a estos servicios en el mercado (que exige un precio más alto pero que se pueden permitir). Las personas con menos recursos, en cambio, no podrán acudir al mercado y el abastecimiento de tales servicios se verá restringido.

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