Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Sin Permiso
El
intento del Partido Popular de vincular a la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) con ETA y con el nazismo ha resultado un fracaso.
La operación ha sido tan burda que ni siquiera ha conseguido convencer a
algunos aliados usuales en estas campañas de miedo y orden. Estos
sectores se han mostrado dispuestos a discutir sobre las “líneas rojas”
que ninguna protesta social debería traspasar. Pero se han negado a
aceptar que cualquier protesta incómoda pueda hacerse pasar sin más por
coacción, violencia, o peor, terrorismo. Esta reacción puede
considerarse uno de los grandes éxitos de la PAH: haber conseguido que
el ‘escrache’ del poder contra las familias desahuciadas y
endeudadas aparezca como un peligro más temible que el que se intenta
atribuir a estas últimas. Con todo, no se trata de un triunfo
definitivo. Por un lado, porque a pesar del rechazo de las tesis del
gobierno, existe un sector social significativo que considera que el
‘escrache’ o señalamiento público es un error. Que se trata de un
ejercicio inadmisible de coacción sobre cargos electos que abre las
puertas a prácticas que serían difíciles de justificar en
otros casos. Por otro, porque la alianza entre poder político y poder
económico-financiero que ha perpetrado la estafa de las últimas décadas
está cada vez más deslegitimada, pero conserva espacios decisivos de
poder. Y ha quedado claro que los utilizará sin miramientos para
desplazar la atención o para criminalizar cualquier reclamo que
considere amenazador.
Los ‘escraches’ de la PAH como legítimo ejercicio de la libertad de crítica
Se
ha dicho mucho en la última semana acerca de la legitimidad del
‘escrache’. Pero a menudo se ha tratado de un juicio abstracto, que
prescinde tanto de las razones de la PAH como del contexto concreto que
lo origina. Como es sabido, esta modalidad de protesta nació en
Argentina con un doble objetivo. Por un lado, dar respuesta a la falta
de actuación estatal en el esclarecimiento de los crímenes cometidos
durante la dictadura. Por otro, hacer visibles en el espacio público a
quienes, beneficiándose de dicha impunidad, pretendían pasar
inadvertidos. Si se compara la situación argentina con la española, se
detectan diferencias evidentes. Parece excesivo, por ejemplo, comparar
las desapariciones y asesinatos masivos provocados por la dictadura
argentina con el “genocidio financiero” simbólicamente denunciado por la
PAH. Del mismo modo, puede resultar desmedido equiparar a los
responsables de crímenes de lesa humanidad con los miembros de un
gobierno o de un grupo parlamentario que se niega a aprobar una
iniciativa legislativa popular....
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