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Del listado de 31 países que la OCDE calificó de paraísos fiscales en
el año 2000 solo quedaban Niué y Naurú en 2012. Fenómeno sorprendente,
por lo tanto, el de comprobar que Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein,
Mauricio, Seychelles, las islas del Canal, las Caimán, Bahamas o San
Marino hubieran pasado a la consideración de países limpios y de buen
comportamiento fiscal.
Todos ellos habían obtenido su certificado de buena conducta
acogiéndose a una de las cláusulas que la propia OCDE había establecido,
la de firmar al menos doce convenios sobre transparencia fiscal. En
muchos casos, la trampa ha sido evidente. Los paraísos fiscales
concluían tales convenios entre sí, con algún aditamento de país limpio,
generalmente poco influyente, e incluso se concluían acuerdos con
cierto tufo a compensación o soborno.
Trece años después de la anatematización de los paraísos fiscales, y
de las correspondientes promesas de erradicarlos, ha bastado la
filtración masiva de datos por parte del Consorcio Internacional de
Periodistas para comprobar que los tax havens (literalmente refugios -no paraísos (heavens)- fiscales)
gozan de muy buena salud. Y ello en plena crisis económica y
financiera, la que lleva acogotando a casi toda la Unión Europea. Que 130.000 individuos, procedentes de 170 países, guarden en tales refugios entre 15,4 y 23 billones de euros, según el último informe de Tax Justice Network, demuestran con nombres y apellidos que el presunto largo brazo de la ley no alcanza a toda la humanidad por igual.....
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