Sin Permiso
Campañas como las de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca están devolviendo la dignidad y la
capacidad de actuación colectiva a personas hasta hace poco aisladas,
culpabilizadas y abrumadas por el miedo. Sus acciones de desobediencia no
surgen de la nada. Recogen –y reinventan— la mejor tradición del movimiento
vecinal antifranquista y una herencia que se remonta, al menos, a los
sindicatos de inquilinos existentes en Bilbao, Sevilla, Tenerife o Barcelona a
principios del siglo XX. A la impunidad financiera, a la voracidad especulativa
y a la criminalización de la protesta, oponen algo sencillo pero elemental:
priorizar las necesidades básicas de las personas y hacer del acceso a la
vivienda y a la ciudad un derecho fundamental y un bien público-común.
La falta de garantías del derecho a una vivienda digna fue un factor
determinante en la gestación de la crisis actual. Ahora, las luchas en torno a
su configuración como derecho y no como un simple objeto de especulación están
siendo un elemento clave en la resolución de la misma. Estas disputas no
expresan un conflicto menor. Apuntan al corazón de un tipo de capitalismo
inmobiliario-financiero-caciquil que hunde sus raíces en el franquismo, que ha
marcado buena parte del “consenso” fraguado en la transición y que se ha visto
espoleado por las políticas monetaristas y neoliberales de la Unión Europea [1]. El estallido de la crisis de 2008,
en realidad, no ha hecho sino sacar a la luz los rasgos más grotescos de este
modelo. Con resultados contradictorios. A ojos de amplias capas de la
población, el derecho a la vivienda sigue apareciendo como una promesa de
papel. Como un derecho devaluado y sacrificado sin pudor a los intereses
patrimoniales de entidades financieras, promotores y otros poderes privados. Al
mismo tiempo, sin embargo, sigue operando como bandera de denuncia y de
deslegitimación de las actuaciones públicas y privadas que propician su
vaciamiento. Y como exigencia, al mismo tiempo, de unas condiciones
habitacionales más dignas, sostenibles e igualitarias.
1- Impunidad financiera y desprotección
de las víctimas de la estafa hipotecaria
El estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo un impacto fulminante e
inmediato sobre decenas de miles de familias. Ya en 2008, el Consejo General
del Poder Judicial documentó 58.686 ejecuciones hipotecarias, más del doble de
las casi 26.000 que tuvieron lugar en 2007 [2].
La denuncia de esta situación por parte de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) consiguió el apoyo de diferentes organismos locales e
internacionales. Todos ellas constataron la necesidad de que la entrega de la
vivienda principal afectada por una deuda hipotecaria impagable fuese
suficiente para liberar al deudor de buena fe.....
