Carlos Taibo
Nuevo desorden
Nada
descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su
versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la
palabra deuda. Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar
que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes
administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace
bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española
correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con
claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de
la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades
familiares.
En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.
Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima --aquella que es razonable pagar-- y deuda ilegítima --la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar--. ....
En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.
Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima --aquella que es razonable pagar-- y deuda ilegítima --la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar--. ....
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