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Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC y Agbar.
Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no
tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho
humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que
está pasando a manos privadas.
Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se
encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia
llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades
locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de
los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado
los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es
sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un
agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a
cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon
concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para
aliviar su desastrosa situación financiera......
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