Marco Aparicio Wilhelmi.
Diagonal
La
comprensión hegemónica de los derechos ha logrado transmitir, hasta
hace poco sin excesivas interferencias, el mensaje de la separación de
los derechos según sean civiles, políticos o sociales. El propio sistema
internacional de los derechos humanos se fundamenta en dos tratados
internacionales, de 1966, que realizan tal división. Se trata de una
clasificación fundamentada en la llamada teoría de las “generaciones de
derechos”, que implicaría una distinta jerarquía para los derechos
civiles y políticos –derechos de primera generación– respecto de los
derechos sociales, económicos y culturales –segunda generación–. Estos
últimos serían derechos difícilmente exigibles, subordinados a la
disponibilidad financiera y a la voluntad política de cada momento.
Salta a la vista que tras esta teoría se halla la salvaguarda de
intereses de clase: no por casualidad se trata de derechos que cubren
necesidades –sanidad, vivienda, educación, trabajo– que las clases
dominantes ya pueden satisfacer, y de modo generoso mediante su posición
prevalente en el mercado. Por esta razón, muchas voces vienen exigiendo
una consideración unitaria de los derechos, su igual jerarquía y su
idéntico vínculo con el principio de dignidad.
Quién nos iba a decir que sería la propia casta dirigente la que
acabaría por enterrar dicha concepción jerarquizada: la crisis
financiera y económica o, mejor dicho, la manera de gestionarla
ejemplifica la profunda indivisibilidad e interdependencia de todos los
derechos. A partir, en general, de una “extraordinaria y urgente
necesidad” de prescindir del debate parlamentario, el Gobierno –el
actual y también en buena medida el anterior– ha venido aprobando una
serie de normas, en su mayoría decretos-ley, que restringen
intensamente, y de manera unitaria, el contenido de un buen número de
derechos constitucionalmente reconocidos.....
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