Rosa Mª Artal
Eldiario.es
El PP está llevando a cabo con inusitada presteza lo que parece un
cambio del modelo de Estado en España. Se apoya en la mayoría absoluta
que otorgaron a Mariano Rajoy 10.830.693 ciudadanos, el 30,37% del
electorado. Conviene recordar que con más porcentaje y más votos,
Zapatero no la consiguió en los dos anteriores comicios.
No cabe poner en entredicho la legalidad del Gobierno del PP de
acuerdo con nuestras leyes electorales, pero sí preguntarse –a la vista
de sus actuaciones– si no está aplicando una mayoría “absolutista” para
obtener los fines que persigue. De entrada elude a casi el 70% del
electorado que no apostó por Mariano Rajoy. Tampoco da la impresión de
pensar en cuántos ciudadanos se inclinaron por él creyendo –en el más
estricto sentido de la palabra– que solucionaría la crisis. Lo más grave
sin embargo es la torsión del propio concepto de democracia, no solo en
actitudes, sino en leyes que se han puesto en vigor.
Un Gobierno democrático ha de atenerse a normas y convenios de mayor
rango que los resultados electorales. Para empezar, España es “un Estado
social y democrático de Derecho”, según consagra el Artículo 1º de la
Constitución. Social, no mercantil. Y por tanto asegura una serie de
derechos a los ciudadanos.....
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