sábado, 1 de diciembre de 2012

El peaje hacia la Justicia

Eduardo G. Cuadrado
Diagonal 
 
El autor, que participa en el despacho colectivo red-juridica.com y la Asociación Libre de Abogados, analiza la importancia de uno de los recortes sociales “invisibles” del Gobierno.
 
Son tiempos de cambios, de reformas, de recortes, de retrocesos en lo social, lo laboral, lo político, lo cultural… El saqueo al que ha sido sometido el estado del bienestar durante décadas por parte del sistema financiero nacional e internacional, ha dejado tras de si una “tierra quemada” en la que los ciudadanos comienzan ha ser abandonados a su suerte y el Estado retrocede, entre medio complacido y exhausto, en su gestión de lo publico como cimentación de la sociedad.
 
Son variadas las medidas que se están imponiendo para tratar de mantener navegando el barco de la economía, y casi todas a costa de atacar las líneas de flotación del Estado Social y Democrático de Derecho (Art. 1 de la Constitución).
 
Entre una de estas numerosas medidas está el aumento desproporcionado, tanto en cuantía como en número, de las “tasas judiciales”. Una tasa es la contribución que los ciudadano pagamos por un servicio cuya prestación es titularidad, en general, exclusiva del ente público. En la actualidad entre las diversas tasas que afectan al ámbito de las prestaciones del Estado están aquellas relacionadas con la administración de Justicia y el acceso a determinados tipos de jurisdicciones y procedimientos dentro de ella, y cuya cuantía máxima se encuentra actualmente en los 600 euros que pagan las sociedades por interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo; cuantía que, por ejemplo, con la reforma que plantea el gobierno se incrementaría hasta los 1200 euros que tendrá que pagar incluso las personas físicas, es decir, cualquier ciudadano.....

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