El País
Hablar del déficit democrático de la Europa unida no es novedad. Pero
este déficit crónico amenaza ahora con efectos próximos a una
bancarrota política. Desde siempre se ha reprochado a las instituciones
europeas que no hayan adquirido la calidad propia de un sistema
indiscutiblemente democrático. Es todavía muy remota la participación
ciudadana en la designación de sus autoridades. Y tampoco existe una vía
clara para exigirles responsabilidades políticas por su actuación.
Estamos ante una clara anomalía democrática que se traduce en déficit de
reconocimiento y legitimidad: la ciudadanía tiene escaso conocimiento
de cómo se decide en el ámbito de la UE y tiene poca conciencia de lo
mucho que estas decisiones influyen en sus vidas. De ahí la baja
participación en las elecciones europeas y la limitada atención que la
opinión popular ha prestado generalmente a la política comunitaria.
Pero algo está cambiando. Tres años de crisis sin fin han revelado
con crudeza un cuadro político alarmante. Se hace más perceptible para
la ciudadanía que los Estados y sus Gobiernos ya no pueden sortear los
obstáculos que se oponen a un modelo socioeconómico trabajosamente
construido en Europa en los últimos 50 años. Escuchan a menudo que este
modelo ya no puede ser eficazmente protegido por las instituciones de
sus Estados. Porque estas instituciones están a merced de lo que
determinan transacciones poco transparentes entre los poderes
financieros y un núcleo reducido de líderes europeos estrechamente
condicionados por esos mismos poderes.....
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