Desde que empezó la crisis económica originada en el sector
financiero (bancos, cajas y entidades de crédito) hemos oído toda clase
de justificaciones falaces para realizar el rescate de las entidades,
desde el “demasiado grandes para caer”, hasta “los rescates no costarán
ni un solo euro al erario público”. Contrasta esa actitud indulgente,
compartida hasta la casi completa unanimidad desde los principales
medios de comunicación hasta los diferentes gobiernos, con la severidad
que estos mismos han mantenido respecto al gasto en nuestro precario
Estado de bienestar, objeto de constantes recortes y retrocesos
importantes desde el año 2010 y achacado a su supuesta prodigalidad o al
ya ubicuo ” vivir por encima de nuestras posibilidades”. Esta auténtica
ley del embudo, que siempre tiene su extremo amplio por el lado de las
entidades financieras y el extremo estrecho por el lado de los servicios
públicos, es una manifestación del deterioro de nuestra democracia,
donde pesan más intereses privados de accionistas multimillonarios que
el mantenimiento de servicios esenciales para la población como la
educación y la sanidad públicas.
Es un tratamiento injusto que se ha plasmado en una sucesión de leyes
generosas dotando de abundantes fondos públicos a la banca (FAAF, FROB y
la recién aprobada reforma financiera), fondos que suponen una inmensa
carga sobre la hacienda pública que ascienden a 141.000 millones, sin
contar con los adicionales 52.000 millones de la nueva reforma y sin
tener en cuenta los gastos financieros originados por el aumento del
diferencial sobre los títulos de deuda pública española causados por la
desconfianza en la exposición a la burbuja inmobiliaria de nuestro
sistema financiero, o que buena parte de los avales públicos tengan que
ser ejecutados.....
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