Daniel Palacios González
Diagonal.
La inminente aprobación de la Ley de Mecenazgo en España pone de manifiesto la necesidad de un nuevo modelo público para el sector cultural y los peligros del modelo de patrocinio.
La inminente aprobación de la Ley de Mecenazgo en España pone de manifiesto la necesidad de un nuevo modelo público para el sector cultural y los peligros del modelo de patrocinio.
“El mecenazgo es el impuesto
que cada ciudadano elige, pero
al dinero sumamos el compromiso,
es decir, la pasión de aquello
en lo que creemos”. Ésta es la
frase de influencia francesa con
la que el nuevo ministro de
Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, introdujo en
su primera comparecencia en el
Congreso de los Diputados el 2
de febrero el tema de una nueva
Ley de Mecenazgo, anunciada
en el programa electoral del PP.
A expensas de la aparición del
texto, ya se conocen las líneas
que van a definirlo.
El mecenazgo supone inversión
privada en cultura. Sin embargo,
no es una inversión desinteresada:
la Ley 49/2002 del 23
de diciembre, que atañe al mecenazgo
y se encuentra en vigencia,
establece un incentivo
del 35% de desgravación sobre
el impuesto de sociedades para
aquellas entidades privadas que
inviertan en cultura.
La propuesta de Wert es
equipararse a países europeos
como Francia, donde las desgravaciones
desde 2003 alcanzan
el 60%. En países como
EE UU o Brasil, las desgravaciones
alcanzan el cien por cien.
Además de ser un dinero que
ya no se paga al Estado, esta medida
implica que la gestión de la
inversión en cultura deja de estar
en manos públicas y pasa a
estar en manos de entidades privadas,
quienes eligen (al margen
de los intereses generales)
en qué proyectos van a invertir
de cara a la desgravación....
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