Andrés Muñoz
Diagonal
Desde el 15 de mayo muchas
personas salimos a
la calle para protestar sobre
un sistema político
que no nos representa y que supedita
el beneficio privado al bienestar
del conjunto social. En el centro de
esa lucha está la defensa de los servicios
públicos, creados para dar cobertura
a las necesidades propias de
una vida digna. Entre las exigencias
se encuentran el cumplimiento del
derecho a la educación, la reivindicación
de una enseñanza inclusiva para
todas las personas y la defensa de
la educación pública.
Sin embargo, estos lemas que se
vierten frente a los recortes económicos
en las manifestaciones, en las redes
sociales y los medios de comunicación
requieren una revisión de su
significado y una crítica del sistema
educativo previo a la crisis financiera.
En caso contrario, puede que caigamos
en defender las causas que
sustentan un sistema político injusto
e insolidario y, a su vez, que sigamos
sin entender cómo la caja negra educativa
es una maquinaria perfectamente
engrasada de reproducción
social de clase. El derecho a la educación,
contemplado en la legislación
educativa española, establece que la
enseñanza debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad.
Para que ello sea una realidad no es
suficiente con que exista un sistema
de educación universal y gratuito. El
derecho internacional establece
cuatro condiciones:
1) Disponibilidad:
la oferta formativa debe
ofrecerse en cantidad suficiente.
2)
Accesibilidad: las instituciones y los
programas de enseñanza han de ser
accesibles materialmente y económicamente
a todos, sin discriminación.
3) Aceptabilidad: los programas
y métodos pedagó́gicos han de
ser pertinentes, adecuados culturalmente
y de buena calidad para los
estudiantes y las familias.
4) Adaptabilidad:
la educación ha de tener la
flexibilidad necesaria para adaptarse
a las necesidades sociales del alumnado
y de sus familias en contextos
socioculturales variados....
No hay comentarios:
Publicar un comentario