José Manuel Gómez Benítez
El País.
Ayudar a introducir dinero negro en el circuito legal es un delito de
blanqueo de capitales que puede ser penado con seis años de prisión.
Las formas más graves son el blanqueo de bienes procedentes del
narcotráfico, la corrupción y los delitos urbanísticos, pero es
delictivo el de bienes procedentes de cualquier delito, incluso de la
defraudación fiscal, aunque en este caso el dinero no proceda de ninguna
actividad delictiva previa, según una interpretación discutible, pero
consolidada en los tribunales. Así pues, la mal llamada amnistía fiscal
no es sólo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación
cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en
general. El Gobierno ha pensado que es preferible esto, en vez de
adoptar otras medidas para salir de la crisis especulativa que nos
acosa, y, en consecuencia, se ha ofrecido a través del BOE y de la
promesa pública de confidencialidad para blanquear el dinero de toda
clase de delincuentes, no sólo de los defraudadores fiscales – lo que
indigna a quienes no lo son o no pueden, siquiera, serlo por ser tan
solo trabajadores-, sino también de los narcotraficantes, políticos
corruptos, traficantes de personas, de todos, porque la mal denominada
amnistía fiscal no deja fuera a nadie, ya que tan solo exige que los que
se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran, y, a ser posible,
añaden los ministros, traigan a España esos capitales desde los
paraísos fiscales en los que se encuentran, muy probablemente en
cualquiera de las filiales de los grandes bancos abiertas en todos los
paraísos fiscales del mundo. Así que lo que el Gobierno ha aprobado y
los ministros están prometiendo es que la Agencia Tributaria no va a
indagar sobre el origen de los bienes que salgan a la superficie, es
decir, que será una lavadora modélica del dinero sucio.....
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