Gerardo Pisarello y Jaume AsensSin Permiso.
Los exasperados
ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del
pasado 29-M y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una
indudable deriva autoritaria de estos sectores. Pero también evidencian su inquietud
ante la creciente resistencia social y popular a la eliminación de unos derechos
y libertades arduamente ganados a la cultura política y jurídica franquista.
Conscientes
de que las últimas movilizaciones reflejan un malestar social que irá en
ascenso, el gobierno y sus aliados han desplegado una doble actitud frente a la
jornada. Para no alterar a los mercados y a las instituciones europeas, han
intentando minimizarla, resaltando la “normalidad” de la jornada y la escasa
efectividad de la huelga en los ámbitos más precarizados de la economía. Al
mismo tiempo, han exagerado y distorsionado los disturbios producidos,
proyectando una imagen de caos y violencia que autorice una mayor dureza
punitiva de cara al futuro. En una complicidad que evoca momentos turbios de la
historia, el ministro del interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, y
su homólogo en Catalunya, Felip Puig, denunciaron de consuno que el 29-M se había producido un “salto cualitativo”.
Dicho salto no radicaba, obviamente, en las masivas y pacíficas manifestaciones
de la tarde, sino en el “vandalismo callejero” a cargo de unos grupos “antisistema”
integrados cada vez más por “extranjeros” y mirados con “simpatía” y “connivencia”
por muchos intelectuales y políticos.
Esta construcción
xenófoba de un enemigo ajeno al país, apoyado por críticos frívolos carentes de
todo realismo, tiene desde luego su sentido. De entrada, sirve para desviar la
atención sobre los nuevos recortes de derechos exigidos por el Directorio
europeo y que tanto por el gobierno español como por el catalán están
dispuestos a aplicar con obediencia, resignando blandamente toda flama patriótica.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario