Marcos Roitman Rosenamnn
La Jornada.
Hace tres años saltaba a
la prensa española una noticia, por decir lo menos, poco halagüeña. Los
sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, daban por buena la mediación del
gobierno con la empresa Nissan para la fabricación, en su planta de
Barcelona, de la camioneta pick up. El origen de tal mediación
se asentaba en el creciente rumor sobre el cierre de su filial
barcelonesa y la apertura, en Marruecos, de otra planta similar, donde
la mano de obra era más barata y la legislación laboral mucho más
permisible y adecuada a los criterios empresariales de la trasnacional.
Entre el miedo y la desesperación, las centrales sindicales decidieron
aceptar unas condiciones draconianas, posteriormente ratificadas por 80
por ciento de la plantilla, a pesar de ser lesivas para los intereses de
los trabajadores. El acuerdo era sencillo, se daba el visto bueno a una
congelación salarial hasta el año 2014, aumentando la productividad en 6
por ciento y elevar el número de horas trabajadas a cambio de mantener
el puesto de trabajo. Semanas más tarde, otra noticia vería la luz:
Nissan-España desmiente el desmantelamiento de su planta en Barcelona.
Los costes de instalación en Marruecos eran poco rentables. Quien
divulgó la primera noticia no representaba a la política ni el espíritu
de Nissan. En otras palabras, el rumor de cierre fue suficiente para
generar un pánico entre los trabajadores y doblegar su voluntad,
aceptando la propuesta consensuada entre el Ministerio de Industria y
los sindicatos mayoritarios. Esta estrategia sirvió de ejemplo para el
sector automotriz, y Renault, Seat, Opel y Peugeot la usaron. Pero si
tuvo éxito, el PSOE, meditó y llegó a otra conclusión. ¿Por qué no
realizar un real decreto ley que contemple dichos acuerdos y los
legitime institucionalmente en todos los sectores productivos?
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