Pablo Rodríguez
Diagonal.
El Real Decreto pone en peligro la salud de la población desempleada.
El autor se pregunta por qué el Gobierno ha decidido destacar los
efectos de la reforma sobre la inmigración irregular cuando afecta a
personas desempleadas con independencia de su origen.
1.- La mejor defensa, un buen ataque
No parece casual el empeño del Gobierno por centrar el
debate de las modificaciones al Sistema Público de Salud en la pérdida
de derechos de las personas migrantes irregulares. Frases como las
vertidas por la ministra de Salud, Ana Mato diciendo “la tarjeta
sanitaria es para los españoles” o del consejero de Sanidad de Castilla
la Mancha, José Ignacio Echániz “no hay que olvidar que la sanidad
gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha
gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la
asistencia sanitaria garantizada", o el propio portavoz de los populares
en el Congreso, Alfonso Alonso con su “el sistema sanitario no puede
ser un coladero de inmigrantes”, ponen el foco sobre ese sector minoritario y desprotegido, pero fundamentalmente con escaso respaldo social.
Las intervenciones de los partidos mayoritarios de la oposición parecen
colaborar con la estrategia… ¿se habrán puesto de acuerdo para defender
los mismos intereses?...
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