Antonio Gómez Liébana. (CAS Madrid)
Diagonal
El Real Decreto Ley 16/2012
aprobado por el Gobierno
supone un paso más –muy
importante– dentro de la
contrarreforma sanitaria que se viene
realizando desde hace años, e implica modificaciones
sustanciales en
el modelo de sanidad pública universal,
además de abrir vías para futuros
recortes. Para empezar, vincula
el derecho a la atención sanitaria
al aseguramiento (excluye de la atención
gratuita a quienes no ostenten
esta condición) y no establece que
éste tenga que ser al régimen general
de la Seguridad Social, lo que deja
abierta la posibilidad de modelos
de aseguramiento diferentes (orientados
a la desgravación fiscal de seguros
privados).
Apoyándose en el discurso xenófobo
de un supuesto abuso, excluye
de la atención integral a los inmigrantes
no regularizados, limitándola
a urgencias, embarazos y a los menores
de 18 años, a pesar de que
existen múltiples estudios que demuestran
que los inmigrantes (regularizados
o no) utilizan en menor
medida que los nacionales el
Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, como la sanidad se financia
vía impuestos, incluso los irregulares
aportan con impuestos como el
IVA su dinero para el mantenimiento
de los servicios públicos. Se trata
de una medida inhumana, injusta,
inmoral, peligrosa desde el punto de
vista de la salud pública (aumenta el
riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas)
y negativa desde
el lado de los costes (al ser el único
acceso que les queda, se incrementarán
las visitas a urgencias)......
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