Público
Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos
generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la
resistencia civil se convierte en la última garantía contra la
arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las
movilizaciones contra los desahucios impulsadas por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, al calor del
15-M, reflejan claramente esta voluntad garantista. Y las respuestas
represivas a las mismas –como ocurrió en Vic–, la impotencia de unas
instituciones incapaces de tutelar derechos que están en la base de los
ordenamientos legales que dicen defender.
Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los
desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de
violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la
vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo
para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus
derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un
empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español,
esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta
casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.
En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación
y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de
familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones
urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso
inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de
matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos,
considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el
estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre
las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en
condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del
Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000.
Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida
que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres
con escasa o nula intervención de los servicios sociales.....
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