Comité de Apoyo de Attac España.
El País
Una Constitución democrática se
asienta sobre un pilar básico: la soberanía reside en el pueblo y este se
conforma por ciudadanos libres e iguales ante la ley. Lamentablemente, tenemos
que acudir a estos elementales principios después de 32 años de vigencia de un
texto salido de unos tiempos irrepetibles y, por ello, necesariamente
mejorables para adaptarse a nuevas realidades.
Somos muchos los que, desde
diferentes perspectivas ideológicas, pensamos que se debe acometer una reforma
constitucional. Son varios los cambios necesarios exigidos por una nueva base
social en continua y acelerada evolución. Ahora bien, nadie puede dudar de la
necesidad de realizarla desde la más pura adaptación a las previsiones y
principios inalterables de las reglas del juego democrático. Es decir,
respetando escrupulosamente el camino que debe seguir una decisión como la que
se nos propone que va más allá de un simple ajuste presupuestario. La Constitución de 1978
se aprobó por referéndum y cualquier modificación sustancial que afecte a
derechos fundamentales debe seguir el mismo trámite.
Hay que ser un irresponsable
político para mantener que la fijación por norma constitucional de un déficit
presupuestario no afecta a derechos tan fundamentales como la salud, la
educación y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos como meta irrenunciable
en una sociedad soberana, equilibrada y libre de presiones externas
intolerables. Mucho más inadmisible, cuando, según los dos líderes, que se han
puesto de acuerdo en medio de un perenne estado de discordia, la reforma es
necesaria para ganarse la confianza de los mercados. Que yo sepa, los mercados
no tienen ni alma ni cuerpo, pero nos hemos dado cuenta de que los manejan unos
delincuentes que, de momento, están siendo perseguidos infructuosamente en
tribunales penales de diferentes países......
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