Vicenç Navarro
Público
Querido diputado y/o senador de
las Cortes Españolas:
Hace unos días, antes de que las
Cortes aprobaran la reforma constitucional y la Ley Orgánica que la
complementa, le escribí una carta en la que, considerando la enorme importancia
de la medida que se iba a discutir en las Cortes españolas, le pedía que en
caso de que se aprobara, usted permitiera con su voto que tal medida fuera
sometida a un referéndum para su ratificación, tal y como recoge el artículo
167.3 de la
Constitución. Colgué tal carta en la red y, con la ayuda de
Actuable, en pocos días casi 150.000 ciudadanos añadieron su firma a tal
petición. Desde entonces, la respuesta ha sido enorme. Y las encuestas muestran
que la gran mayoría de la ciudadanía española es partidaria de que haya un
referéndum que le permita no sólo dar su opinión, sino decidir sobre tal
medida, pues, como señala la
Constitución, tal referéndum sería vinculante.
Ahora, cuando la reforma
constitucional ha sido aprobada por las Cortes, es más necesario que nunca que
sea refrendada –bien aprobada, bien rechazada– por la ciudadanía española de la
cual deriva todo el poder que tienen las Cortes en su responsabilidad delegada.
Cuando un ciudadano vota a una opción política, lo hace en base a su programa
electoral. Si una medida de tal envergadura es aprobada por mayoría en las
Cortes por miembros de partidos políticos, cuando ninguno de ellos había
propuesto esta medida en su programa electoral, esta debiera ser refrendada por
la ciudadanía. Tiene que ofrecérsele a esta una oportunidad para expresar su
deseo y mandato, pues forzándole sólo a que exprese su oposición o aprobación a
tal medida en las próximas elecciones es –espero que usted esté de acuerdo–
tener una visión excesivamente limitada y reduccionista de lo que es
democracia. El escaso desarrollo de referendos en España, no sólo a nivel
central, sino también autonómico y local, parece reflejar un temor a la
ciudadanía que no puede justificarse, como lo ha hecho uno de los escritores de
la Constitución
en unas declaraciones recientes, en base a querer evitar el ejemplo de los
plebiscitos durante la dictadura. La homologación de referendos en democracia
con plebiscitos bajo la dictadura es, además de ofensivo para la democracia,
ignorar y/o confundir la enorme diferencia entre participación ciudadana en una
democracia e imposición de una medida gubernamental en una dictadura.
De ahí que no permitir a la
ciudadanía que decida en una materia de tal trascendencia es contribuir a la
percepción, ampliamente sostenida, de que existe una enorme distancia en España
entre los gobernantes y los gobernados. Usted habrá leído que, según las
encuestas, la clase política es el tercer problema que la población española
indica que existe en España. Admitirá, pues, que ello es un síntoma de que algo
no funciona suficientemente bien en nuestra democracia, percibiéndose a los
representantes limitados en su representatividad, excesivamente influenciados
por intereses ajenos a los de la ciudadanía a la que representa. La toma de
decisiones ahora que afectan enormemente a la vida de los ciudadanos, sin haber
estos sido consultados, sería un error enorme que aumentaría, todavía más, esta
distancia entre gobernantes y gobernados que, según la ciudadanía, existe en la
insuficiente y limitada democracia española......
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