El País
La durísima política contra la
sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos
intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona,
el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales
sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la
que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca
frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna
"asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma
reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del
Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este
derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad
humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto,
estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla
por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce
inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de
exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la
ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre
ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno
reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante
políticas antisociales.
Así lo proclamó la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos
son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre
sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global
y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo
peso"......
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