martes, 24 de julio de 2012

A propósito de la reforma sanitaria

 Madrilonia.org

Desde que empezó la crisis, diferentes voces han venido insistiendo en la inviabilidad de la sanidad pública, en contra de todas las evidencias que demuestran su menor coste frente a la sanidad privada de países como EEUU. Esas mismas voces son las que deberían garantizar, por mandato constitucional, su sostenibilidad, pero ya nadie espera demasiado de los políticos. 
El último golpe del gobierno es el fin de la universalidad de acceso a la sanidad; una medida que, si bien supone un escaso ahorro si no un incremento del gasto, duele más que ninguno otro recorte anterior. Duele porque hace evidente el modelo de atención pública al que nos dirigen y porque pone el foco en los sectores sociales que más están sufriendo la crisis: las personas que están en paro, que no tienen permiso de residencia o son pensionistas. Se excusa en la necesidad de recortes y en la falsa acusación de abuso a los inmigrantes. Los parados tendrán que acceder a una tarjeta especial cuando dejen de cotizar. Los pensionistas tendrán que pagar por sus recetas y, si no tienen recursos, enfrentarse a la pesadilla de la burocracia para demostrarlo. Si el Estado de bienestar era una fórmula de aseguración colectiva que garantizaba el acceso a derechos sociales en momentos de vulnerabilidad (desempleo, vejez, enfermedad, niñez), este decreto rompe la base del sistema: la solidaridad entre grupos sociales y franjas de edad. Es un órdago al pacto social establecido en la Transición y que necesita ser refundado por el bien de la democracia.

Hasta ahora, las políticas neoliberales, antes de la crisis y de forma exponencial desde 2008, empeoraban la calidad de los servicios públicos, disminuyendo sus recursos, y patrocinaban el desarrollo de servicios privados mediante deducciones fiscales, externalización a precios de saldo y cesiones de recursos públicos (transferencias y suelo). Es una forma indirecta de favorecer el trasvase de población con recursos a la asistencia privada, a la vez que el sector público es degradado y se destina a los sectores con menos recursos y a los tratamientos menos rentables; este proceso de segregación (escolar, sanitaria, social) alimentaba la huida de las clases medias de los servicios públicos, sin duda con la intención de generar un desapego objetivo y subjetivo de estos grupos hacia lo público.......

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