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Desde que empezó la crisis, diferentes voces han venido insistiendo
en la inviabilidad de la sanidad pública, en contra de todas las
evidencias que demuestran su menor coste frente a la sanidad privada de países como EEUU.
Esas mismas voces son las que deberían garantizar, por mandato
constitucional, su sostenibilidad, pero ya nadie espera demasiado de los
políticos.
El último golpe del gobierno es el fin de la universalidad de acceso a
la sanidad; una medida que, si bien supone un escaso ahorro si no un incremento del gasto,
duele más que ninguno otro recorte anterior. Duele porque hace evidente
el modelo de atención pública al que nos dirigen y porque pone el foco
en los sectores sociales que más están sufriendo la crisis: las personas
que están en paro, que no tienen permiso de residencia o son
pensionistas. Se excusa en la necesidad de recortes y en la falsa acusación de abuso
a los inmigrantes. Los parados tendrán que acceder a una tarjeta
especial cuando dejen de cotizar. Los pensionistas tendrán que pagar por
sus recetas y, si no tienen recursos, enfrentarse a la pesadilla de la
burocracia para demostrarlo. Si el Estado de bienestar era una fórmula
de aseguración colectiva que garantizaba el acceso a derechos sociales
en momentos de vulnerabilidad (desempleo, vejez, enfermedad, niñez),
este decreto rompe la base del sistema: la solidaridad entre grupos
sociales y franjas de edad. Es un órdago al pacto social establecido en
la Transición y que necesita ser refundado por el bien de la democracia.
Hasta ahora, las políticas neoliberales, antes de la crisis y de forma exponencial desde 2008, empeoraban la calidad de los servicios públicos, disminuyendo sus recursos, y patrocinaban el desarrollo de servicios privados mediante deducciones fiscales, externalización a precios de saldo y cesiones de recursos públicos
(transferencias y suelo). Es una forma indirecta de favorecer el
trasvase de población con recursos a la asistencia privada, a la vez que
el sector público es degradado y se destina a los sectores con menos
recursos y a los tratamientos menos rentables; este proceso de
segregación (escolar, sanitaria, social) alimentaba la huida de las
clases medias de los servicios públicos, sin duda con la intención de
generar un desapego objetivo y subjetivo de estos grupos hacia lo
público.......
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