Ahora  que estamos inmersos en un proceso deconstituyente por parte 
de  nuestros representantes, quienes han prostituido impunemente la  
soberanía nacional al consagrar el neoliberalismo en nuestra muy  
criticada (y con razón) Carta Magna y ceder ante el chantaje de los  
mercados, tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar y sacar del  
olvido algunos de los principios más esenciales que la propia  
Constitución vejada elevó en su momento al más alto grado jurídico.
Hay  un artículo en concreto que hace tiempo se ha querido olvidar 
por parte  de nuestros legisladores y gobernantes y, por qué no decirlo,
 por parte  también de las voces más críticas del ámbito académico. Es 
sin duda el  precepto más odiado por el capital y sus titulares, por los
 neoliberales  y economistas más rancios. Hablamos del artículo 31 de la
 Constitución,  que proclama solemnemente, pero sin ambages, que “todos 
contribuirán al  sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad  económica mediante un sistema tributario justo inspirado en 
los  principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
 alcance confiscatorio.”
 

 
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