Leandro Martínez y Lucía Vicent
Plataforma Econonuestra
El 22 de Noviembre, 48 horas después de las elecciones generales
comenzaron, de forma oficial, a concretarse los previsibles recortes y
ajustes que se exigen a España desde Bruselas, y que se habían pospuesto
debido a la jornada electoral.
Tras la cita en las urnas, el
gobierno de la Generalitat de Cataluña, dirigido por CiU, fue el
encargado de dar el pistoletazo de salida con su nuevo plan de ajuste
con el que se pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para el
2012. Las medidas para la consecución contemplan recortes salariales a
los empleados públicos, subida del canon del agua, aumento de las tasas
universitarias y de las tarifas del transporte público, privatizaciones
de empresas públicas, etc. Este tipo de recortes no resultan novedosos
si recordamos las medidas que se han ido sucediendo a raíz de la crisis,
en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, sí llama la atención
la velocidad con la que en España las políticas orientadas al recorte y
la privatización de la sanidad pública se van expandiendo, eludiendo la
cuestión de que se trata constitucionalmente de un servicio gratuito de
acceso universal.
Previamente a las elecciones, se constataban
los primeros atisbos de estas políticas que tras el 20N se han ido
sucediendo en las distintas autonomías en forma de propuestas, sobre las
cuales, en la mayoría de los casos no tienen potestad. En Galicia un
mes antes de la jornada electoral y a través de la Xunta, liderada por
el PP, se discriminaba el libre acceso al servicio gratuito sanitario
mediante el bloqueo de la tarjeta sanitaria en la región. Así, las
personas desempleadas durante un plazo mayor a 12 meses y residentes en
Galicia, automáticamente se quedan sin tarjeta sanitaria hasta la
recepción de la que les acredita como personas sin recursos. Durante el
tiempo de espera, estimado entre ocho y doce meses hasta recibir el
nuevo documento, tienen que hacer frente a la consulta y fármacos que el
médico les prescriba. La región de Murcia gobernada por el popular
Valcárcel fue el siguiente territorio donde se encendía la luz de
alarma. Se retiraba de forma “temporal” la tarjeta sanitaria a parados
de más de 1 año de duración y a inmigrantes. Así, se vincula el derecho
universal de los ciudadanos para acceder a la sanidad con el puesto de
trabajo, considerándose inaceptable dichas distinciones entre
trabajadores, parados con prestaciones por desempleo y parados sin
prestaciones, ya que vulneran el principio de igualdad que garantizan las leyes en materia sanitaria.......
No hay comentarios:
Publicar un comentario