Alberto Recio, Consejo Científico de ATTAC España
Mientra Tanto-e
Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No
en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica,
y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte
del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y
proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los
negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la
gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del
negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo
que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario
si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de
desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.
Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente
Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de
externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el
bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal
merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de
los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas
comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y
Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2
septiembre 2010).
También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de
gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al
establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se
combinan hospitales públicos con una extensa red de centros
semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones
locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato
en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante
parecido al doble circuito educativo.
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